La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha advertido de que la inseguridad jurídica es el mayor problema en materia fiscal que existe actualmente en España y ha reivindicado que los derechos de los contribuyentes prevalezcan sobre la recaudación tributaria.
Según el presidente de la asociación de asesores fiscales, Bernardo Bande, durante la inauguración de la XVIII Jornada Nacional de Estudio, un encuentro que ha reunido a los mayores expertos tributarios del país.
Bande ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad jurídica, que, a su juicio, ha empeorado en el último año y ha mencionado como "muestras" la situación de los autónomos "que no saben si en 2025 deben tributar en estimación objetiva o directa" al no tener información sobre los límites aplicables en 2025 o el retraso en la devolución del IRPF a los mutualistas jubilados.
El presidente de Aedaf ha finalizado su exposición reivindicando que los derechos de los contribuyentes prevalezcan sobre la recaudación tributaria, más aún cuando hay sentencias del Supremo que avalan estos derechos", y manifestando que el precedente es "muy peligroso".
"Si el criterio económico prima sobre el respeto a los derechos reconocidos por los tribunales ¿qué garantía tienen los contribuyentes de no enfrentarse a medidas igualmente arbitrarias en el futuro?", se ha preguntado.
En los últimos meses también destacan casos como el de aplicar por primera vez el IRPF a quienes cobran el salario mínimo interprofesional, que este año se ha incrementado más de un 4%, hasta situarse en 16.576 euros brutos al año (1.184 euros al mes en 14 pagas), pero Hacienda ha mantenido el mínimo exento de tributación en 15.876 euros. La subida del SMI entró en vigor en febrero, con efectos retroactivos desde principios de año, por lo que las empresas ya están retiendo IRPF a los trabajadores. Sin embargo, ha properado una propuesta del PP en el Congreso para que el SMI siga exento de tributación, con el único voto en contra del PSOE.
Por otro lado, también se mantiene congelada la prórroga de las deducciones fiscales por la inversión en la mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales hasta finales de año, que decayó en el decreto ómnibus en enero. El Gobierno debe volver a aprobar la ampliación de estas bonificaciones de entre el 20% y el 60% de las cantidades invertidas, en función de las actuaciones ejecutadas, y que el Parlamento le dé luz verde esta vez.
También hay incertidumbre fiscal sobre cómo se articularán las subidas de impuestos a las socims o a los extranjeros que compren viviendas en España. Medidas que anunció el presidente del Ejecutivo a principios de año y de las que de momento no se conocen más detalles.
Discriminación fiscal contra los no residentes
Las jornadas tributarias han coincidido en el tiempo con la decisión de Bruselas de llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que considera una discriminación contra los contribuyentes no residentes, al negarles los beneficios fiscales en ganancias patrimoniales cuando estas se pagan por tramos.
Cuando el pago de una transferencia de activos se aplaza más de un año o se abona a plazos durante un período superior a un año, los contribuyentes residentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente sobre la base del flujo de efectivo. Sin embargo, los contribuyentes que residen fuera de España tienen que pagar de forma íntegra en el momento de la transmisión del activo. Según la Comisión Europea, este trato fiscal diferente provoca que los no residentes "se enfrenten a una importante desventaja desde el punto de vista de la tesorería en comparación con los residentes".
El Ejecutivo comunitario considera que España vulnera el principio de libertad de movimiento de capitales al negar a los ciudadanos no residentes que tributan en España una posibilidad que sí ofrece a los contribuyentes residentes.
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Bruselas lleva a España ante el TJUE por trato fiscal discriminatorio a los no residentes
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes, a los que niega los beneficios fiscales en ganancias patrimoniales cuando estas se pagan por tramos. Los contribuyentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente, mientras que los no residentes deben pagar el impuesto de forma íntegra en el momento de la transmisión d
El IEE denuncia la caída de la competitividad fiscal: "España ha subido los impuestos en demasía"
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