Llega al Congreso una propuesta para nacionalizar las viviendas amenazadas de desahucio

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda aquellos hogares amenazados con desahucio, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

Son dos propuestas que el grupo plurinacional expondrá el martes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja para contener la crisis de la vivienda, que en opinión del grupo se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de la actualidad, principalmente por la falta de casas asequibles y el desajuste entre salarios y lo precios del mercado inmobiliario.

La coalición de partidos apunta que este escenario empeora si se tiene en cuenta la acaparación de viviendas por parte de fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias y la baja tasa en España de viviendas destinadas al alquiler social. En concreto, Sumar dice que en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, cuando la cifra debería rondar los 1,8 millones para situarse en el promedio europeo.

Con todo ello, Sumar ha lanzado una batería de propuestas orientadas a hacer crecer el parque público de vivienda. La primera de ellas es pedir al Gobierno que se alcance el 10% en 2027 y el 20% en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler y dedicar, al menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.

Así se erradican los desahucios

A renglón seguido, Sumar plantea "erradicar los desahucios" incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o garantizando una renta mínima o una moratoria en casos de vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas.

A tal efecto, el grupo plurinacional propone al Ejecutivo dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de la empresa estatal de vivienda. En este escenario, Sumar propone que el Gobierno presente un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial.

También se plantea un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior.

Construir 150.000 viviendas al año

Otra de las propuestas de Sumar es impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles, para lo que Sumar considera "imprescindible" que se materialice, con la mayor celeridad posible, el traspaso al SEPES de los activos de suelo y viviendas de la Sareb.

Por último, Sumar urge a asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente, desde las administraciones públicas como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la extracción de rentas.

El PSOE propone fomentar el teletrabajo para repoblar zonas rurales

Además de la iniciativa de Sumar, esta semana también llega al Congreso una proposición no de ley planteada por el PSOE que pide adoptar medidas para incentivar el teletrabajo en zonas rurales para fijar población joven en esos entornos y así combatir la despoblación en la llamada 'España vaciada'.

La formación socialista explica en la propuesta que uno de los principales factores detrás de la despoblación es el éxodo juvenil hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones y oportunidades educativas y laborales.

A juicio del Grupo Socialista, una de las acciones con más recorrido por explorar para fomentar el retorno de la población joven a las zonas rurales, junto con la mejora del acceso a los servicios públicos, es la promoción del teletrabajo.

En este contexto, el PSOE insta al Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez a fomentar el teletrabajo en la Administración Pública para trabajadores y trabajadoras que puedan desempeñar sus funciones digitalmente y residan de forma habitual en zonas en declive demográfico o en el medio rural, con presencialidad mínima y "bolsas de horas" presenciales.

Abrir espacios de 'coworking' en zonas rurales

Además, el grupo parlamentario ve oportuno posibilitar, en colaboración con las administraciones competentes, la apertura de espacios de 'coworking' en las zonas rurales, con especial atención a la instalación de estos centros en las cabeceras comarcales.

También plantea avanzar en la digitalización mediante la inversión en el despliegue del 5G, con el fin de extender esta tecnología y mejorar la conectividad en áreas con cobertura móvil limitada para conseguir la plena conectividad territorial y garantizar el acceso a las conexiones de telefonía, fija y móvil e internet.

A esto se suma una propuesta para seguir impulsando medidas que faciliten el transporte público en zonas en riesgo de despoblación, con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado cuando las personas teletrabajadoras deban desplazarse para trabajar de forma presencial.

Por último, el PSOE insta a introducir en la próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico medidas específicas integrales para la atracción y retención de personas jóvenes en municipios de zonas despobladas o rurales.