El Congreso de Estados Unidos debate una nueva legislación destinada a aliviar la crisis de vivienda que afecta a gran parte del país. La propuesta, conocida como ROAD to Housing Act, plantea un paquete de medidas para aumentar la oferta habitacional, reducir los costes y modernizar los programas federales relacionados con el acceso a la vivienda.
La iniciativa, de carácter bipartidista, incluye alrededor de 40 disposiciones agrupadas en varios bloques temáticos y constituye uno de los intentos más amplios del Congreso en más de una década para reformar la política federal de vivienda.
El proyecto surge en un momento en el que el mercado inmobiliario estadounidense afronta fuertes tensiones entre oferta y demanda, con precios de compra y alquiler en niveles elevados en muchas áreas metropolitanas. Congresistas de ambos partidos han coincidido en que el país necesita aumentar la construcción de vivienda y mejorar el acceso a financiación para reducir la presión sobre los precios.
Uno de los pilares de la reforma es estimular la construcción y rehabilitación de viviendas, especialmente en inmuebles asequibles. Entre las medidas se incluyen programas dotados con 200 millones de dólares anuales hasta 3031 para facilitar el desarrollo inmobiliario y, además, reducir plazos administrativos.
Otra medida de peso que ha suscitado mucho interés entre los estadounidense es el programa ‘HOME Investment Partnerships’, que estará dotado con 1.350 millones de dólares para comprar edificios de oficinas, industriales o simplemente abandonados, para transformarlos en viviendas asequibles.
También se plantean incentivos a los gobiernos locales para reducir barreras regulatorias y urbanísticas, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas y la densidad residencial en zonas urbanas.
En cuanto a la rehabilitación, este proyecto de ley aprobaría otorgar hasta 30 millones de dólares anuales a la Oficina de Control de Riesgos de Plomo y Hogares Saludables (OLHCHH por sus siglas en inglés) para impulsar obras de rehabilitación en viviendas que posteriormente salgan al mercado a precios estipulados.
Además, los Gobiernos estatales podrán recibir subvenciones de entre 250.000 y 10 millones de dólares en función de las tareas en vivienda aplicadas el año anterior, con el objetivo de revertir esta cuantía extra en transporte, infraestructura u otros servicios dotacionales para estos nuevos hogares.
Métodos de construcción más baratos y ayuda a la financiación
La ley también promueve viviendas prefabricadas y modulares, consideradas una alternativa más económica para ampliar la oferta residencial. Entre otras medidas, se plantea revisar definiciones regulatorias y estudiar cómo facilitar su financiación hipotecaria.
Otra de las claves de la iniciativa es un apartado de medidas financieras para facilitar la compra de la primera vivienda, como la posibilidad de ofrecer hipotecas a un menor interés respaldadas por el Estado. Asimismo, contempla medidas para mejorar el funcionamiento de las tasaciones inmobiliarias y ampliar el acceso al crédito hipotecario, con el objetivo de reducir las barreras de entrada al mercado.
Otra parte significativa de la futura ley se centra en modernizar programas federales existentes, como subvenciones para desarrollos residenciales a precios asequibles, ayudas para vivienda rural o programas destinados a preservar viviendas asequibles.
El paquete también introduce cambios en iniciativas dirigidas a combatir el sinhogarismo, ayudar a personas mayores y mejorar la coordinación entre administraciones.
La medida de Trump, en entredicho
Otra propuesta ya anunciada por el presidente Trump y contemplada en el texto consiste en prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Este punto se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la negociación sobre la nueva ley de vivienda en Washington.
La iniciativa busca impedir que empresas que poseen más de 350 viviendas unifamiliares puedan adquirir nuevas propiedades de este tipo, con el objetivo de reducir la competencia que enfrentan los compradores particulares en el mercado inmobiliario.
Esta restricción ha introducido nuevas tensiones en las conversaciones entre legisladores y el sector inmobiliario, según Bloomberg. Algunos grupos empresariales temen que limitar el papel de los grandes fondos en el mercado de vivienda unifamiliar pueda alterar el modelo de financiación de nuevos desarrollos residenciales y frenar parte de la inversión en el sector.
Al mismo tiempo, sus defensores argumentan que restringir las compras de grandes plataformas de inversión podría liberar más viviendas para compradores individuales, en un momento en que el país afronta un déficit estimado de varios millones de viviendas y precios que han subido con fuerza en los últimos años.
Respaldo político, pero con retos pendientes
La legislación ha recibido apoyo bipartidista en el Congreso y forma parte de un esfuerzo más amplio para aprobar reformas estructurales del mercado inmobiliario estadounidense. No obstante, el proceso legislativo aún requiere negociaciones entre distintas propuestas antes de convertirse en ley definitiva.
Una de las disposiciones más polémicas del proyecto se refiere al papel de los grandes inversores en el mercado residencial. El texto incluye una cláusula que los obligaría a vender las viviendas unifamiliares destinadas al alquiler en un plazo máximo de siete años desde su construcción. La medida busca reducir la competencia de grandes fondos frente a compradores particulares y facilitar que más viviendas acaben en manos de propietarios ocupantes.
Esta propuesta ha provocado la oposición de parte del sector promotor. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ha alertado de que obligar a los inversores a vender las viviendas en ese plazo introduce incertidumbre en el mercado y podría dificultar la financiación de nuevos desarrollos residenciales.
Según el sector, los inversores institucionales suelen comprar grandes paquetes de viviendas a los promotores, lo que ayuda a garantizar la demanda inicial de los proyectos; por lo que limitar esa vía de financiación podría reducir el ritmo de construcción y, en última instancia, presionar al alza los precios de la vivienda y los alquileres.
En conjunto, la propuesta refleja el creciente consenso en Washington sobre la necesidad de intervenir para aumentar la oferta de vivienda y aliviar una crisis habitacional que se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.
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