El Govern ha actualizado el mapa de las zonas de mercado residencial tensionado de Catalunya. La nueva propuesta eleva de 271 a 302 el número de municipios sujetos a las medidas de contención del alquiler, después de mantener 118 localidades de la primera declaración, incorporar otras 53 y retirar 22 que ya no cumplen los requisitos legales.
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Pese al aumento del número de municipios, la población afectada por la regulación se reduce. Las 302 localidades incluidas reúnen aproximadamente 6,17 millones de habitantes, frente a los cerca de siete millones de la anterior configuración. Esto se debe a que algunas de las ciudades que abandonan la lista cuentan con una población considerable.
Entre los municipios excluidos figuran Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès, Figueres, Banyoles, Berga, Canovelles, Cervera, Guissona, Montmeló, Parets del Vallès y Tortosa. En conjunto, las 22 localidades que dejan de considerarse tensionadas suman más de 630.000 residentes.
La Generalitat atribuye estas salidas a una mejora de las condiciones de acceso a la vivienda, relacionada con la regulación de los precios y las políticas públicas aplicadas durante los últimos años. Para permanecer en la lista, un municipio debe cumplir al menos uno de los criterios fijados por la legislación estatal: que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros básicos, o que los precios de compra o alquiler hayan crecido, durante los cinco años anteriores, al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC.
Cincuenta y tres nuevas incorporaciones
La revisión incorpora 53 municipios que anteriormente no reunían las condiciones exigidas y que ahora presentan dificultades de acceso a una vivienda asequible. Estas localidades reúnen una población aproximada de 255.700 personas.
Las comarcas gerundenses concentran el mayor número de incorporaciones, con 16 municipios. Les siguen Catalunya Central, con nueve; el Camp de Tarragona, con siete; Barcelona y el Penedès, con seis cada uno; el Alt Pirineu i Aran y el ámbito de Lleida, con cuatro respectivamente, y las Terres de l’Ebre, con uno.
Entre las nuevas zonas tensionadas se encuentran Martorell, Sant Andreu de la Barca, Tordera, Vila-seca, Constantí, Cardona, Sallent, Navarcles, Bàscara, Llagostera, Sant Joan de les Abadesses, la Jonquera, la Pobla de Segur, Ribera d’Urgellet y Montferrer i Castellbò.
En los municipios incluidos, la renta de un nuevo contrato no puede superar, con carácter general, la del último alquiler vigente durante los cinco años anteriores, una vez aplicadas las actualizaciones correspondientes. Cuando la vivienda pertenece a un gran tenedor, también debe respetarse el índice estatal de referencia y aplicarse el importe más bajo que resulte de ambos límites.
La primera declaración catalana entró en vigor en marzo de 2024 por un periodo de tres años. Ante su vencimiento en marzo de 2027, la normativa permite renovarla anualmente siempre que se compruebe que continúan existiendo problemas de acceso a la vivienda.
La propuesta deberá pasar ahora por un periodo de información pública y alegaciones. Una vez aprobada definitivamente por la Generalitat, se remitirá al Ministerio de Vivienda para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, trámite necesario para que los cambios entren en vigor.
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