El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para construir 323 viviendas de protección oficial en el barrio de Sant Ferran, en Palma, en lo que constituye una de las mayores promociones de vivienda pública realizada hasta la fecha en las Islas Baleares.
Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp
El acuerdo firmado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el president del Consell, Llorenç Galmés, incluye una condición: para acceder a las viviendas, los solicitantes deberán acreditar al menos 15 años de residencia legal en las Islas Baleares.
El proyecto se levantará sobre una parcela de 33.131 m2, valorada en aproximadamente 4,6 millones de euros, que el Consell de Mallorca cede de forma gratuita al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para el desarrollo de la promoción.
Esta entidad asumirá tanto la urbanización del terreno como la construcción de las viviendas. A cambio, el convenio contempla que el instituto ceda al Consell 35 viviendas destinadas a uso social, un local de unos 400 m2 para ensayos de grupos musicales y un solar de aproximadamente 3.000 m2 reservado para futuros equipamientos.
La tramitación de la promoción se realizará como Proyecto Residencial Estratégico (PRE), un mecanismo que permite acortar los plazos del planeamiento urbanístico a apenas un año y medio. Según el Govern, la previsión es que las viviendas se entreguen durante la próxima legislatura, aunque no se ha fijado todavía una fecha concreta.
‘Prioridad balear’: de 5 a 15 años de empadronamiento
La condición de 15 años de residencia legal es la medida que más debate ha generado desde el anuncio. La presidenta Prohens ha declarado: "No se trata de construir viviendas para atraer a más población a islas que han alcanzado su límite como resultado de un patrón de crecimiento que estamos trabajando para detener, sino de hacer que la vivienda asequible esté disponible para los ciudadanos que ya viven en nuestras islas, disponible para la gente de aquí".
Desde el punto de vista normativo, la legislación autonómica establece un mínimo de cinco años de domicilio continuado en Baleares para poder acceder a viviendas protegidas. No obstante, los ayuntamientos pueden pactar con el Govern condiciones adicionales.
Este requisito no es inédito en la comunidad, ya que municipios como Artà o Sa Pobla ya lo aplican, y localidades como Sóller o Santa Maria del Camí exigen incluso 18 años de residencia.
Más de 4.000 familias en lista de espera
El anuncio llega en un contexto de alta demanda en Baleares. Según datos del propio IBAVI, más de 4.000 familias aguardan en lista de espera para acceder a una vivienda asequible, lo que demuestra un desequilibrio respecto a la oferta actual.
En este escenario, la vivienda protegida se ha convertido para muchas familias en la única vía viable de acceso a un hogar, por lo que esta nueva promoción se presenta como un paso relevante, aunque insuficiente, para atender la magnitud de la demanda acumulada.
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Lo más destacado
