La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) considera que el nuevo Plan de Vivienda Asequible que ha presentado la Comisión Europea "cuestiona la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar los pisos turísticos de la ciudad en 2028".
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Según la entidad, la propuesta europea apunta "en una dirección distinta: establece unas condiciones muy exigentes para que las administraciones puedan justificar medidas de carácter restrictivo sobre los alquileres de corta duración y refuerza los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y decisiones basadas en evidencias".
Apartur advierte de que estos criterios demuestran las carencias del Decreto ley 3/2023 de la Generalitat, la norma en la que se ampara la decisión del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y "evidencian su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea".
"La propuesta europea marca un camino muy distinto al que se está siguiendo en Barcelona: las decisiones que afectan a una actividad legal deben estar sustentadas en datos, ser proporcionadas, valorar alternativas menos restrictivas y garantizar la seguridad jurídica de quienes se ven afectados", ha afirmado la directora general de Apartur, Marian Muro.
Apartur también pone el foco también en la terminología y en el enfoque utilizados por la Comisión Europea. Cuando el borrador aborda específicamente los alquileres de corta duración, articula su propuesta alrededor de “medidas restrictivas”,
“restricciones” y “limitaciones”, sometidas siempre al cumplimiento de
determinadas condiciones.
“Una cosa es regular una actividad cuando se demuestra con datos que tiene un
impacto negativo sobre el mercado de la vivienda y otra muy distinta es eliminarla
por completo, sin analizar sus particularidades y sin evidencias. Europa exige
que cualquier restricción esté justificada, sea proporcionada y responda a una
realidad demostrada. En Barcelona no se ha hecho nada de todo esto”, ha señalado Muro.
La directiva también ha recalcado que el propio estudio académico encargado por el
Ayuntamiento en 2025 sobre los efectos de la eliminación de los pisos turísticos
ya advertía de que el retorno de estas viviendas al mercado residencial podría
ser parcial o incluso no producirse.
Apartur recuerda que el texto de la Comisión Europea es todavía una propuesta de Reglamento, no una norma definitiva ni en vigor, y que deberá pasar por el proceso de negociación entre las instituciones europeas. Aun así, la propuesta "ya establece líneas rojas claras" para las autoridades locales ante posibles restricciones "desproporcionadas o no basadas en evidencias", y anticipa los principios que la UE quiere situar en el centro de cualquier futura intervención: seguridad jurídica, proporcionalidad y decisiones sustentadas en datos.
Apartur celebra que el texto "recoja algunas de las principales demandas que el sector trasladó al Parlamento Europeo ante la posible prohibición de los pisos turísticos".
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