El teniente de alcalde de Economía en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido la decisión del gobierno municipal de extinguir los pisos turísticos en 2028, después de que el pasado lunes el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, señalase que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial suman 1.000 millones de euros.
Respecto a esta cifra, Valls ha señalado que, "si esto es cierto, la decisión del gobierno respecto a los apartamentos turísticos está más que justificada" en referencia a que el negocio de los pisos turísticos en la ciudad es muy alto, textualmente.
Ha recordado que este tipo de apartamentos aparecieron a partir de una regulación y para obtener la autorización pagaron 227 euros, "y ahora plantean una demanda patrimonial de 1.000 millones de euros".
Collboni, en pie de guerra
Tal y como ha explicó el pasado junio Jaume Collboni, la idea del ayuntamiento es aplicar el Decreto aprobado por la Generalitat a finales de 2024 que regula las viviendas turísticas. Este decreto se convierte en una gran oportunidad para el ayuntamiento para poder recuperar estas 10.000 viviendas por uso residencial.
"Las 10.000 viviendas de uso turísticas pierden su vigencia en noviembre de 2028 y cualquier voluntad debe ir sujeta a una licencia que no se podrá pedir porque no existirá esta figura", detalló Laia Bonet, primera teniente de la alcaldía de urbanismo. Bonet también destacó el trabajo realizado por el ayuntamiento para combatir los pisos turísticos ilegales durante los últimos meses.
El texto autonómico establece que en los municipios que presenten problemas de acceso a la vivienda permanente o que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes, la actividad turística solo es compatible con el uso residencial si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico, siempre que se justifique que hay suficiente suelo para uso domiciliario habitual y permanente de la población residente.
El Ayuntamiento barcelonés contempla no impulsar ningún planeamiento urbanístico que declare compatible el uso turístico de la vivienda con el de domicilio habitual y permanente, y así extinguir las actuales en noviembre de 2028.
"Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta o, sencillamente, que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo 5 años", explicó Bonet.
El Ayuntamiento cuenta con el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula la implantación de todo tipo de alojamiento turístico.
Desde 2016, se han impuesto unas 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese, sobre unos 6.000 pisos ilegales. Se ha pasado a detectar de 300 a 400 anuncios mensuales que el equipo de inspección municipal requiere a las plataformas su desactivación inmediata.
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