El temor a una nueva derrota parlamentaria ha llevado al Gobierno a renunciar a aprobar este martes el real decreto de vivienda con el que tenía previsto, entre otras medidas, congelar los alquileres durante los próximos dos años. El rechazo tajante de Junts a varios puntos de la iniciativa y el de Podemos a los beneficios fiscales que incluía el borrador de la norma, al que ha podido acceder idealista/news, han acabado forzando al Ejecutivo a dar marcha atrás hasta después del verano.

Entrar en una segunda residencia, que además es compartida, y sentir que es tuya es el reto al que se enfrenta en su trabajo Marta del Pozo, interiorista de Vivla, la empresa española que fracciona la propiedad de viviendas de lujo en destinos vacacionales para que varias familias puedan disfrutarla. Su lema es sencillo, pero difícil de lograr: "El propietario no debe percibir jamás que está entrando en una casa compartida". Para lograrlo durante el verano, apuesta por sustituir los tejidos pesados del invierno por lino y potenciar la iluminación natural.

La Confederación Nacional de la Construcción advierte de que la falta de actualización de precios en la obra pública ha dejado hasta 1.130 licitaciones desiertas por un importe de más de 707 millones de euros desde el pasado mes de enero hasta junio, tras el alza de los precios de las materias primas a raíz de la guerra en Irán. Por ello reclaman al Gobierno "medidas urgentes" como reactivar el procedimiento de revisión de precios para evitar el impacto que supone la inflación para las empresas. "Los números no salen", denuncia el presidente de la patronal del sector, Pablo Fernández Alén.

Junts advierte al Gobierno de que no apoyará el real decreto de vivienda si no incluye sus propuestas de bonificaciones fiscales a los caseros y medidas antiokupación. El Consejo de Ministros aprobará el 28 de julio una prórroga de los alquileres hasta 2028, pero su convalidación en el Congreso, un mes después, no está asegurada porque divide a los socios del Ejecutivo de coalición. Podemos rechaza a su vez el texto porque denuncia que "esconde una reforma de la ley del suelo" mientras que el PNV pide acotar la moratoria a inquilinos que estén al corriente de pago durante al menos doce meses.

PSOE y Sumar incluirán una prórroga de los alquileres hasta 2028 y medidas antidesahucios en el decreto de vivienda que esperan aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del verano. Por ahora, ambos partidos no han avanzado las bonificaciones fiscales a los caseros que prometieron añadir a la iniciativa para atraer el voto de Junts, que votó en contra de la medida en el Congreso. El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

La Comunidad de Madrid da luz verde a su profunda reforma de sus normas urbanísticas con la aprobación este miércoles del proyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), una norma con la que el Consejo de Gobierno espera reducir los plazos urbanísticos de 12 a 4 años y facilitar la construcción de vivienda. La norma simplifica la clasificación del suelo, refuerza la autonomía municipal y permite remodelar barrios sin coste para los vecinos. Pasará ahora a la Asamblea regional para su tramitación parlamentaria.

Los Cerros continúa su crecimiento como uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Madrid. A los proyectos que ya hay sobre el terreno en el sureste de la capital se sumó el martes el de la promotora Vía Ágora, que celebró el acto de colocación de la primera piedra de Iroko, su estreno en este nuevo barrio. La compañía prevé desarrollar algo más de 2.000 viviendas en tres fases, con una inversión total de 639.742.283,55 euros, consolidándose como uno de los principales impulsores en la zona.

El registro único de arrendamientos de corta duración que tumbó el Tribunal Supremo a finales de mayo tuvo un coste de 496 millones de euros para los propietarios de los inmuebles que tuvieron que hacer frente a un trámite que, en muchos casos, no consiguieron superar. La presidenta de Fevitur anuncia reclamaciones patrimoniales por los "daños" causados por esta medida y cifra en 33.000 euros de media las pérdidas por propietario afectado, no solo por las tasas que tuvieron que pagar a los registradores, también por el lucro cesante y otras incidencias.

El informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda obtuvo en marzo un insólito respaldo por parte del grupo popular, el socialdemócrata y los liberales. 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, valieron para aprobar un diagnóstico que señala la falta de oferta de casas como uno de los principales motivos que dificultan el acceso a la vivienda en todo el continente, desde Varsovia a Lisboa. El eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez (Zaragoza, 1985), fue el ponente y uno de los redactores de este documento. En esta entrevista para idealista/news, se muestra convencido de que "todas las políticas" tienen que ir dirigidas a ese objetivo: aumentar el número de inmuebles para mitigar el problema.

Una de las novedades es la creación de un Registro Centralizado de Técnicos Competentes, en el que deberán figurar los profesionales habilitados para emitir certificados energéticos. El objetivo es evitar fraudes y tener la garantía de que el documento ha sido elaborado por un profesional con la formación y competencias necesarias. Además, ya no será solo un requisito para vender o alquilar una vivienda, también resultará imprescindible para acceder a numerosas ayudas a la rehabilitación o beneficiarse de deducciones fiscales.