La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra todos los países de la Unión Europea, incluida España, por retrasos en la aplicación de la directiva sobre eficiencia energética de los edificios acordada en 2024 y que los Estados miembro debían de haber trasladado ya a su legislación nacional desde comienzos del año pasado. La directiva establece requisitos sobre estándares mínimos de eficiencia energética para edificios no residenciales y la renovación progresiva de edificios residenciales, infraestructura para la movilidad sostenible y energía solar en edificios.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido a la Comisión de que los 43.000 millones de euros del fondo europeo o de recuperación destinados a mejorar la eficiencia energética de viviendas no están logrando los mayores ahorros posibles, al considerar que la financiación comunitaria ha priorizado reformas más rápidas y fáciles de ejecutar frente a rehabilitaciones de mayor calado y más a largo plazo que mejoren la rentabilidad de las inversiones. Además, considera que los actuales certificados de eficiencia energética no ofrecen datos suficientemente fiables ni comparables.
La Comisión Europea ha dado luz verde parcialmente a la sexta solicitud de pago por valor de 5.700 millones de euros a España en el marco del Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU', al mismo tiempo que concedido un pago de la quinta solicitud correspondiente a dos hitos no se había suspendido previamente: digitalización de las entidades regionales y locales y renovación fiscal, lo que ha permitido recibir 302 millones de euros más.
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar propuestas sobre cómo simplificar la normativa comunitaria que afecta a la construcción de vivienda, con el objetivo de reducir las cargas administrativas, acelerar los proyectos y contribuir a aumentar la oferta de viviendas asequibles en la Unión Europea. La iniciativa servirá de base para elaborar un paquete legislativo de simplificación previsto para 2027 dentro del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible.
La Comisión Europea ha ampliado el expediente abierto hace siete años contra España por no permitir que los ciudadanos no residentes puedan beneficiarse de una reducción a efectos del impuesto sobre la renta de los ingresos por el alquiler de bienes inmuebles. Los servicios comunitarios explican que los contribuyentes que son residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido por los arrendamientos, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción.
La Comisión Europea ha publicado una batería de recomendaciones destinadas a reforzar la resiliencia económica y social de la Unión Europea, entre las que destacan las relacionadas con la vivienda. Con la crisis residencial como telón de fondo, Bruselas insta a los países a ampliar el parque de vivienda social y asequible, incrementar la oferta disponible y agilizar los procedimientos de concesión de licencias y planificación urbanística para facilitar la construcción de nuevos inmuebles. También pide reforzar las redes eléctricas y las capacidades de almacenamiento energético, impulsar la inversión, reducir las cargas administrativas para las empresas y adaptar los sistemas educativos y de formación a las necesidades reales del mercado laboral.
La Comisión Europea ha señalado el IVA reducido aplicado a los servicios de restauración y alojamiento por su elevado impacto presupuestario y su limitado efecto redistributivo, en el marco de una recomendación más amplia en la que insta a España a reducir los beneficios fiscales para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Fuentes comunitarias explican que la Comisión ha puesto el foco en el IVA al concentrar alrededor del 60% de los beneficios fiscales existentes en España.
La Comisión Europea ha publicado este lunes directrices para encarar la fase final del fondo de recuperación, en las que confirma que los Veintisiete deberán completar las reformas e inversiones comprometidas antes del 31 de agosto de 2026 para poder acceder a los últimos pagos.Sigue a idealista/new
La Comisión Europea ha avisado este 29 de abril a España de que infringe la libre circulación de capitales por gravar a los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual en España. Elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si no toma medidas en el plazo de dos meses. Según expone Bruselas, la normativa española obliga a los ciudadanos extranjeros a tributar por sus segundas residencias, con un IRPF del 2% de su valor catastral, pero los contribuyentes residentes en España están exentos de este gravamen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado que presentará a los líderes la próxima semana nuevas medidas para contener el impacto del alza de los precios energéticos, con un primer paquete centrado en la coordinación de reservas de gas y petróleo, un marco más flexible de ayudas de Estado y ajustes ya en marcha en el mercado de carbono. Entre las actuaciones más inmediatas, Von der Leyen ha apuntado a la coordinación a escala europea del llenado de las reservas de gas, con el objetivo de evitar que varios Estados miembro acudan al mercado de forma simultánea y acaben compitiendo entre sí.
La Comisión Europea ha reiterado que no tiene competencias para intervenir en los casos de impago de alquiler ni tampoco en la ejecución de desahucios en España, al tratarse de una cuestión de Derecho nacional, aunque ha instado a "buscar un equilibrio" entre propietarios e inquilinos, en respuesta a varias peticiones examinadas en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Bruselas ha insistido en que tanto la legislación en materia de arrendamiento como las medidas relacionadas con desahucios o contratos corresponden a las autoridades de cada miembro de la UE. Por tanto, cada país debe garantizar la protección de los propietarios y, en su caso, adoptar medidas a través de sus sistemas judiciales.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido en una reunión informal de los responsables de Vivienda celebrada en Bruselas la limitación de la compra especulativa de vivienda para frenar los procesos de gentrificación, medida que va a poner en marcha Cataluña en los próximos meses. Lucas ha reclamado a la Comisión Europea fondos específicos para adoptar medidas "rápidas, urgentes y eficaces" para solucionar el problema residencial en la UE y ha reinvicado la colaboración entre administraciones públicas como la mejor vía para conseguir soluciones efectivas.
El pasado jueves 12 de febrero las instalaciones de la Comisión Europea (CE) en Bruselas fueron objeto de registros en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades en la venta de 23 inmuebles al Estado belga. Ante el aumento del teletrabajo desde la pandemia del covid-19, la CE anunció en 2024 que vendería, hasta 2030, alrededor del 25 % de la superficie de oficinas. A raíz de esta decisión, se firmó un acuerdo para vender al Estado belga 23 edificios destinados a viviendas, empresas o comercios, un proyecto que también se inscribe en el plan de las autoridades belgas para transformar el barrio europeo de Bruselas. El valor de la venta se estimó, en ese momento, en 900 millones de euros.
La Comisión Europea ha publicado una resolución en la que prohíbe un sistema de doble registro para las viviendas de uso turístico y fija el 20 de mayo como fecha límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa incompatible. Esta sentencia afecta directamente a Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se encuentra en tramitación y preveía elaborar un nuevo número de registro regional, independiente del impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que lleva en vigor desde el 1 de julio del año pasado.
La Comisión Europea ha urgido a los Veintisiete a actuar "ahora" frente a la crisis de vivienda en la Unión Europea, en un momento en que, según ha advertido, millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder a un hogar asequible y la presión del mercado inmobiliario se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del bloque. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, se ha reunido con los ministros responsables del ramo en un primer intercambio político sobre el Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado el pasado mes de diciembre.
La comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo sigue preparando la futura Ley de Vivienda Asequible a nivel europeo donde se incluirá un plan sobre alquileres de corta duración. El comisario europeo de Vivienda Dan Jorgensen ha destacado que se centrará en definir las zonas tensionadas y en establecer herramientas para otorgar seguridad jurídica a los Estados en el control de los pisos turísticos. Se están presentado propuestas como topes al número de noches alquiladas al año, restricciones por temporada o diferenciar entre anfitriones profesionales y particulares. Bruselas ha destacado que la fiscalidad la decide cada Estado y que batallará por reducir el número de viviendas vacías.
Bruselas ha presentado el primer Plan para la Vivienda Asequible de la UE. Una hoja de ruta comunitaria que busca facilitar el acceso al mercado residencial tanto a las clases trabajadoras como a los jóvenes y las personas sin hogar. Según ha adelantado el Comisario de Energía y Vivienda, el danés Dan Jorgensen, la UE pondrá en marcha una plataforma paneuropea que aúne inversión público-privada, impulsará que salgan al mercado viviendas vacías, aprobará una nueva regulación de los alquileres de corta duración, simplificará la bucrocracia, fomentará la formación de mano de obra y buscará fórmulas para luchar contra la especulación en el mercado residencial. También se presentarán medidas específicas para los jóvenes y las personas en situación de sinhogarismo.
La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros a la red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). El Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre este caso en julio de 2024, con el objetivo de aclarar si esta práctica afectaba negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones "libres e informadas".
A menos de un mes de que la Comisión Europea presente su primer plan de choque de vivienda, la Junta Asesora, que reúne a 15 expertos de la materia, ha presentado sus 75 recomendaciones para potenciar la oferta de inmuebles asequibles. Entre ellas destaca la subida de impuestos a las casas vacías y los alquileres turísticos, también proponen aumentar la plusvalía y los impuestos a las herencias.
La Comisión Europea ha confirmado que a mediados de diciembre, antes antes de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, presentará un plan para para abordar la cuestión de la escasez y el alza del precio de la vivienda en los Veintisiete. El plan incluirá medidas a nivel europeo, nacional y también local, con el objetivo de que los tres niveles institucionales se impliquen en la solución a la crisis habitacional. Entre las medidas que se han propuesto hasta ahora se encuentran flexibilizar las restricciones al gasto nacional para elevar la inversión en vivienda y establecer una nueva legislación que ponga coto a los alquiler de corta estancia.
El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D, por su abreviatura en inglés) ha planteado la posibilidad de crear un fondo específico dotado de un volumen próximo a los 300.000 millones de euros para enfrentar la emergencia de vivienda en el conjunto de la Unión Europea. De esa cuantía, concebidos como unos fondos 'Next Generation' solo para vivienda, unos 200.000 millones de euros se destinarían a préstamos y los 100.000 millones restantes a subvenciones para impulsar en particular la oferta de vivienda pública y social.
La Comisión Europea ha ratificado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) de 2019 en la que se consideraba legal y sujeta a precio de mercado la operación Cuatro Torres situadas en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Previamente, en 2016, la propia Comisión estimó que la venta de estos terrenos se sobrevaloró en 18,4 millones de euros, y obligó al club merengue a devolver cerca de 20 millones de euros. Ahora, el Ayuntamiento de la capital deberá devolver a la entidad deportiva los 20,3 millones de euros ingresados en concepto de "ayudas ilegales" más los intereses.
El vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en la Unión Europea (HOUS), Vicent Marzá (Verdes/ALE), ha alertado que el alquiler ilegal turístico de apartamentos tiene mucha más incidencia en España debido a que el impacto del turismo sobre el PIB es "altísimo" y se ha mostrado a favor de reducir este tipo de arrendamientos. Por otro lado, ha criticado la proliferación de socimis en España, que es el segundo país del mundo con más vehículos de inversión de estas características, tras EEUU, al considerar que se "está bonificando con dinero público a aquellos que más propiedad tienen".
La Comisión Europea ha elegido a varias entidades españolas para desarrollar el proyecto 'Inspire-us' con el que se impulsará la rehabilitación de vivienda en régimen de alquiler en España, entre las que se encuentran la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España (Asval), Testa Homes, Almond Real Estate, la Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI) y la Universidad de Alicante. El objetivo es llevar a cabo varios proyectos piloto durante tres años para validar un modelo escalable a nivel nacional y testar nuevos esquemas de financiación.
Cada vez más viajeros deciden dónde alojarse en función de lo que leen en internet. El problema es que no siempre esas opiniones reflejan experiencias reales. Para combatir la proliferación de reseñas falsas en hoteles y alojamientos turísticos, la Unión Europea ha impulsado un código de conducta que refuerza la normativa y facilita la detección de opiniones manipuladas. Estas prácticas ya estaban prohibidas como desleales, pero ahora se establecen mecanismos concretos para prevenirlas y gestionarlas de forma más eficaz.
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