Okupar vivienda

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.

La historia de Jacqueline Guillén escenifica el lado más humano y a la vez desgarrador del auge de la inquiokupación en España, un fenómeno del que cada vez hay más víctimas. Todo comenzó con un acto de amistad hace cuatro años, cuando la propietaria se marchó a Londres a estudiar un máster y decidió alquilar su piso en Madrid a una buena amiga de toda la vida que estaba embarazada y no tenía casa. Aquella decisión, tomada desde la empatía y la confianza, se convirtió en una pesadilla que aún hoy sigue sin final.

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

El fenómeno de la okupación en Madrid sigue generando crispación social. El último episodio que indigna a los vecinos tiene como escenario el parque de La Viña, en el barrio de Entrevías (Madrid), donde un grupo de okupas vive con luz y gas gratuitos mientras que los verdaderos propietarios se ven obligados a afrontar las facturas que ellos mismos reconocen no pagar.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.

Lo que comienza como un sueño puede acabar en una auténtica pesadilla. Esto fue lo que le ocurrió a un vecino en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se compró un chalet con más de 250 m2 con piscina privada. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de compra, cuando se disponía a comenzar con la mudanza y disfrutar de su nueva casa se encontró con una sorpresa, y no agradable: el chalet había sido okupado.

Marco Velázquez, propietario de una casa en Chicago (EEUU), encontró su vivienda okupada cuando iba a venderla. Ante la inacción policial y para evitar un largo proceso legal, el propietario y su esposa se mudaron a la casa y convivieron con los okupas, generando un presión que funcionó. Tras una tensa noche, la pareja aceptó dejar la casa a cambio de 4.300 dólares (3.600 euros), frente a los 8.000 dólares (casi 7.000 euros) que pedían en un principio. Así, Velázquez recuperó su casa en 24 horas, evitando una batalla judicial y generando debate sobre la okupación y la protección a propietarios.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir” porque considera que una casa es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, y si no es así, entonces es “para especular”. Y ha defendido que “si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco”. Así lo ha dicho durante una intervención en Málaga donde ha urgido a regular aún más el mercado de la vivienda.

La venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español. Las casas ‘okupadas’ han pasado de ser completamente inexistentes hace unos años a suponer el 2,6% de todas las casas a la venta en España, según idealista en base a los inmuebles anunciados en el portal inmobiliario en el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, 20.464 viviendas anunciadas reconocían sufrir un proceso de ocupación. El análisis destaca que el 8,8% de las casas en venta en Girona están okupadas, seguida por Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%), mientras que Barcelona (723) y Madrid (644) son las ciudades con un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de compraventa.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, habla para idealista/news del sector inmobiliario actual y, en especial del residencial. En su opinión, la Ley de Vivienda va a reducir la oferta de alquiler allí donde se aplique, ya que conseguirá el efecto contrario: que los propietarios retiren sus casas del mercado con el consiguiente efecto de más subidas de las rentas. Además, estima que en Cataluña la inversión inmobiliaria va a desaparecer con la aplicación del índice de referencia del alquiler.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

La ocupación ilegal de una vivienda en España ha registrado 10.345 casos contabilizados a nivel nacional entre enero y agosto, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone una caída del 11% frente al mismo periodo del año pasado. Cataluña (4.218) concentra un 40% de las okupaciones, seguida por Andalucía (1.607), Comunitat Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), llegando a acaparar casi el 80% de los casos. Sin embargo, todas ellas han registrado caídas interanuales, del 14%, 6%, 21% y 1%, respectivamente.

Las segundas residencias sufren más del doble de intrusiones que las viviendas habituales, entre robos, asaltos y ocupaciones, según señala un informe de Securitas Direct. En general, estas segundas residencias pasan la mayor parte del año vacías, y la principal preocupación de los propietarios es sufrir okupaciones. Galicia, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón son las CCAA más seguras para tener una vivienda, según el estudio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

El próximo 2 de agosto finaliza el plazo para pujar en la subasta del edifico residencial de cinco plantas, conocido como ‘La Dignidad’, por llevar ocupado durante años por unas 20 familias. La web especializada Escrapalia lo ofrece por un precio de salida de 2,5 millones de euros. El inmueble, que necesita una profunda reforma, procede de una empresa promotora en concurso de acreedores.