Normativa alquiler vacacional

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por publicar más de 65.000 anuncios de alojamientos sin licencia. El fallo incluye rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la solicitud de retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que solicitaron el número de registro (obligatorio desde el pasado 1 de julio), pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. El objetivo del Gobierno, tal y como afirmó el presidente Pedro Sánchez, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Por municipios, Sevilla (2.289) lidera la tabla de solicitudes revocadas, seguido de Marbella (1.802); Barcelona (1.564); Málaga (1.471) y Madrid (1.257).

Las viviendas de uso turístico están en el foco de la opinión mediática y de los poderes públicos. La mayoría de las administraciones están limitándolas y endureciendo los requisitos, como es el caso de Barcelona, que incluso ha anunciado que va a prohibirlas. idealista/news ha hablado con el presidente de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA PRO), Juan Cubo, una de las CCAA con más alojamientos del país. "Los políticos deban dejar de desviar la atención del problema de la falta de vivienda, que en realidad está en el control del suelo y en la hiperregulación necesaria para desarrollar un proyecto inmobiliario".

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya dio la razón a la denuncia de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la región (Aptur CV) ante el Plan Especial de Ciutat Vella que aprobó el anterior gobierno local de PSPV y Compromís. El actual Ayuntamiento, en una coalición PP y Vox, ha declarado que dicha normativa ya no se encuentra en vigor, y que actualmente existe una moratoria para las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad.

El Colegio de Registradores ha confirmado que más de 21.000 viviendas ya cuentan con el número de registro pertinente para poder ejercer como actividad de alquiler turístico en las plataformas digitales a partir de julio, cuando el Gobierno ha decidido poner en marcha el Registro único de arrendamientos de corta duración, que incluye, además de los pisos turísticos, a los alquileres de temporada o por habitaciones. Las solicitudes serán ahora más exigentes tras los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, que exige la autorización expresa de la comunidad de propietarios para poder dedicar una vivienda como alquiler turístico.

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado iniciar la tramitación parlamentaria de la ley de alquiler vacacional tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y Vox. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario (CC y PP), Jessica de León, ha remarcado que existe una fuerte demanda de pisos turísticos en el archipiélago y aunque ha defendido el derecho a la propiedad privada, también ha destacado que las administraciones deben trabajar para evitar la especulación y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, se ha mostrado partidaria de regular la modalidad del alquiler turístico y además gravarlo fiscalmente, dado que a nivel mundial ha crecido más de 25%. Durante el foro internacional 'Global Summit', que se está celebrando en Tenerife, afirmó que cada destino debe adoptar las medidas que vea más adaptables a su situación, donde destacó la drástica decisión de la ciudad de Nueva York, cuya legislación hace prácticamente imposible alquiler pisos turísticos.

Entre las obligaciones que gestores y propietarios de alojamientos turísticos han de conocer, está la de reportar a Hacienda la actividad de las reservas de las viviendas vacacionales y apartamentos turísticos. Hasta enero del 2024, los intermediarios implicados en la generación de reservas de alqu

La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha estimado que más del 90% de los pisos turísticos registrados en algunas ciudades de España no están cumpliendo la normativa, tras conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 203 investiga a las plataformas de alquiler turístico para perseguir la publicidad de viviendas sin licencia y estudia la posibilidad de abrir expedientes sancionadores y poner multas de hasta 100.000 euros. El objetivo de la investigación es proteger a los consumidores y usuarios de estas prácticas.

La Consejería de Turismo y Empleo regional liderará en los próximos meses la redacción y aprobación de una ley que regulará el uso turístico de la vivienda en Canarias y dará una base jurídica al alquiler vacacional. Según el INE, las islas cuentan con más de 42.000 inmuebles de alquiler vacacional y 179.000 camas, el cuarto dato más destacado de España. El objetivo del Gobierno autonómico es adaptarse a las demandas de la sociedad y desarrollar una ley de carácter transversal.

Desde la modificación del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, las Comunidades Autónomas tratan de establecer nuevas normativas para legislar un mercado incipiente que busca salir de la alegalidad.