La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ya dio la razón a la denuncia de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la región (Aptur CV) por el Plan Especial de Ciutat Vella que aprobó el anterior gobierno local de Compromís y PSPV. El actual Ayuntamiento, en una coalición PP y Vox, ha declarado que dicha normativa ya no se encuentra en vigor, y que actualmente existe una moratoria para las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad.
La sentencia se refiere a un recurso presentado sobre el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) del Ayuntamiento de València, en aquel momento dirigido por Joan Ribó (Compromis) en coalición con el PSPV, que limitaba la implantación de viviendas de uso turístico en gran parte del distrito, concretamente en los barrios de El Carme, La Seu, El Mercat y parte de la Xerea
El fallo del 7 de mayo de 2025 señala que las resoluciones con forma de providencia no son recurribles en casación y que tampoco cabe la casación contra el auto que resuelve el recurso de reposición frente a una providencia, salvo que esta tenga forma de auto.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) atendió la denuncia de la patronal turística y que ya ratificó el Tribunal Supremo en julio de 2023. Ambas sentencias señalaban que la decisión del Ayuntamiento carecía de justificación suficiente. Ahora, obliga al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia y lo condena a pagar las costas procesales.
El actual equipo de gobierno de Maria José Catalá (PP), en coalición con Vox, afirma que ya cambió la normativa el pasado otoño y aprobó una moratoria. “No hay ninguna sentencia que ejecutar porque se refiere a una normativa del anterior equipo de gobierno que ya no está en vigor. La actual moratoria y legislación está totalmente en vigor y nada tiene que ver con todo este proceso judicial que se ha conocido ahora”, apuntan desde el Consistorio valenciano.
Para la patronal Viutur, que representa a unas 6.000 viviendas de uso turístico, se abre un escenario en el que empresas y particulares afectados por esta medida entre 2020 y 2025 pueden reclamar daños patrimoniales causados por el Ayuntamiento por limitar una actividad económica.
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