Pazo de Meirás

La corporación municipal de A Coruña ha acordado anular por unanimidad los acuerdos que permitieron en 1962 que el inmueble conocido como Casa Cornide, situado en el Casco Viejo de la ciudad, acabase siendo propiedad de la familia Franco. Este paso del Consistorio gallego forma parte del procedimiento, que se alarga ya siete años, para recuperar la titularidad de este palacio del siglo XVIII, y que cuenta con 11 habitaciones y unos 1.430 m2, tal y como ya ocurrió con el Pazo de Meirás.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el Pazo de Meirás pertenece al Estado español, al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco. La Sala de lo Civil ha decidido por unanimidad que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta los años 90, cuando dejó de prestar todo tipo de servicio por la Administración. Por tanto, no ha transcurrido el plazo legal de 30 años para adquirir la propiedad por esta vía.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la incoación del expediente para declarar el Pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña, como ‘Lugar de Memoria Democrática’, por su singular relevancia histórica y simbólica en torno a la Guerra Civil española y la dictatura franquista. Tras un proceso judicial, un juzgado de A Coruña sentenció que el Pazo situado en el Concello de Sada era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal de Francisco Franco a su propia familia, y que entre 1938 y 1975, fue la sede veraniega de la Jefatura del Estado.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.