Inquiokupa

La demanda de desahucio por impago de alquiler juega un papel fundamental en cuanto al marco legal para proteger los derechos de los propietarios y hacer cumplir los términos del contrato de arrendamiento.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España en una legislatura y crear más de 500.000 puestos de trabajo, mientras que ha denunciado el desastre sin paliativos de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda. ara Feijóo, también es posible que los jóvenes tengan una política específica para que puedan ser propietarios de una vivienda como generaciones anteriores lo eran ya a la edad de 35-40 años. "Que todos los datos de acceso a la vivienda hayan empeorado no es una casualidad", ha destacado.

En 2025 entró en vigor la conocida como ley antiokupas, que prometía poder echar a los okupas en 15 días desde que se presentaba la demanda.

Un nuevo caso de okupación en Calvià (Mallorca) ha vuelto a poner en el foco de la opinión pública la inseguridad que sufren los propietarios. La historia comienza en agosto de 2024, cuando una familia con un alto poder adquisitivo alquila una vivienda de lujo con piscina privada por 3.000 euros al mes. Sin embargo, en octubre de 2025, el entonces inquilino de origen danés da por terminada la relación y se marcha a su país, dejando a la mujer de origen cubano con dos hijos menores en la vivienda.

El término “fondo buitre” se ha instalado en el discurso público cargado de emoción, miedo y prejuicios, muy lejos de su realidad técnica y económica. En este artículo de opinión, Patricia Aragón desmonta uno a uno los mitos que rodean a estos actores financieros y explica, desde la experiencia y sin concesiones, qué ocurre realmente cuando un fondo compra deuda y por qué, lejos de destruir, suele ser quien desbloquea situaciones enquistadas durante años.

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros de 9 de diciembre un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Además, se ha aprobado otro real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos.

Toda precaución es poca ante los morosos del alquiler y los ‘inquiokupas’. Están organizados y saben lo que hacen. Y entre sus artimañas para convencer a los arrendadores está la de facilitar documentos falsos para acreditar una solvencia que no poseen. Entre las recomendaciones para tener un alquiler libre de problemas es desconfiar de pagos por adelantado; fijar un precio razonable; pedir referencias o consultar el fichero de inquilinos morosos.

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que espera consolidar un sistema público de acceso a la vivienda y ha mostrado su preocupación por el incremento de los precios en una reunión con agentes sociales para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP con la que pide al Gobierno derogar la Ley de Vivienda aprobada en 2023, aunque siguen sin aprobarse medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas y la inquiocupación.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que marca un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad de una persona frente al derecho a la información en las comunidades de propietarios. En la resolución STS 4708/2024, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación interpuesto por una administradora de fincas que había sido condenada por colocar carteles informativos en espacios comunes de una urbanización de Alicante alertando de un inquilino que había sido desahuciado por impago.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que en España no existe un problema de okupación y que el "gran problema en el país es el acceso a la vivienda". La titular de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha indicado que se dan casos de allanamiento, usurpación, impago de rentas e incumplimiento de contrato, pero que nada tiene que ver con lo que se entiende como 'okupación'. Si que ha reconocido que es necesario "corregir esas situaciones y dar seguridad a los propietarios", y aboga por movilizar vivienda vacía para ponerla en alquiler asequible y aumentar el parque de vivienda en alquiler.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al Gobierno de que su formación no aceptará una reedición del decreto anticrisis para las nuevas ayudas por las consecuencias del temporal que incluya un gravamen a las empresas energéticas no concertado con las haciendas forales de Euskadi y Navarra. Esteban también ha avisado de los riesgos que conlleva amparar a los inquilinos que abusan de la legislación, como en algunos casos de inquiokupación que generan falta de seguridad jurídica que contribuye a la actual escasez de oferta de alquiler.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explica en este artículo cuáles son las diferencias entre estas tres formas de okupar una vivienda. El allanamiento de morada, la usurpación o la inquiokupación hacen referencia a ilícitos penales y no civiles. El allanamiento sí implica penas de cárcel, mientras que la usurpación no, el delito es pagar una simple multa económica. En cuanto a la inquiokupación, en esta forma de okupar, a diferencia de las otras, sí existen títulos habilitantes que aparentan legitimar las ocupaciones, como son los contratos de arrendamiento.