Control de alquileres

En casi la mitad (49%) de los cerca de 300 municipios que cumplirían con los criterios para ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado, según el estudio de idealista, el partido ganador de las pasadas elecciones municipales del 28M fue el Partido Popular, que ya ha anunciado su negativa a aplicar este control a los precios de los alquileres. Si sumamos a otras formaciones que se han mostrado en contra del tope a las rentas, el porcentaje se eleva al 53%, mientras que en solo un 39% de estas localidades, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite al alquiler, principalmente el PSOE.

Las zonas de mercado residencial tensionado y el límite a los alquileres mueren antes de nacer. La medida más polémica de la nueva Ley de Vivienda puede decir prácticamente adiós a sus efectos tras los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M. El Partido Popular ya había destacado que no aplicaría esta medida en las CCAA y ayuntamientos donde gobernase, y tras las votaciones, el mapa de España se vuelve azul en 10 CCAA, con el apoyo de Vox. El anuncio del adelanto electoral de las generales al 23 de julio podría llevar incluso a la derogación de la Ley de Vivienda, en caso de que ganase el PP.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, Héctor Illueca, ha firmado este viernes, antes del cierre de campaña, la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la Ley de Vivienda. El gobierno autonómico pretende topar los alquileres en las tres capitales de provincia, Valencia, Alicante y Castellón de la Plana, y otros 80 municipios catalogados como de alta necesidad.

Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aparecerán nuevos términos como los de vivienda asequible incentivada o las zonas de mercado residencial tensionado, que se centrará, sobre todo, en el alquiler. Se consolida la diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario de vivienda y se establecen normas para la intermediación inmobiliaria o la ampliación del parque público de viviendas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda ya es una realidad, pero no todas las medidas van a entrar en vigor de manera inmediata. La normativa con más cambios en el mercado residencial de los últimos tiempos llega con uno de los temas más polémicos para el sector: el tope a los alquileres y las zonas tensionadas. Desde el 26 de mayo de 2023, los intermediarios están obligados a suministrar datos sobre las viviendas y sus propietarios, mientras que las nuevas reducciones fiscales se activarán el 1 de enero de 2024, y no tendrán efecto en la renta hasta 2025. El límite a las rentas es una de las muchas medidas que, sin embargo, todavía están pendientes de activación, al estar supeditada a que las CCAA declaren zonas tensionadas de precios. Una declaración que exige una larga lista de condiciones y trámites.

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha traído consigo una fuerte crítica a la posibilidad que da de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta en arrendamiento. También, se cuestionan se invade competencias autonómicas, además del carácter confiscatorio contra la vivienda vacía, de no luchar contra la okupación y no abordar la profesionalización del sector.

La Ley de Vivienda ya es una realidad tras lograr su aprobación en las Cortes Generales por la vía de urgencia, tras estar más de un año encallada en el Congreso de los Diputados. Finalmente, el Gobierno de coalición alcanzó un pacto con ERC y EH-Bildu. En cuanto se publique en el BOE, se eliminará el IPC como referencia para actualizar la renta, cambiarán los procedimientos de desahucios, ejecuciones hipotecarias y subasta de inmuebles, se podrán considerar zonas de mercado tensionado de alquiler para limitar precios y habrá nuevas deducciones fiscales y más impuestos a los pisos vacíos.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha advertido de que las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya están notando la fuga de pisos del alquiler de larga estancia hacia otras modalidades de alquiler o compra, sobre todo en las grandes ciudades, antes de que la nueva Ley de Vivienda entre oficialmente en vigor. "Lejos de atajar de raíz el grave problema que existe en España con el alquiler, lo agravará, ya que está causando mucha incertidumbre entre los arrendadores", destaca su presidente, José María Alfaro.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha analizado las consecuencias que traerá la nueva Ley de Vivienda tras producirse su aprobación definitiva en el Senado.

Los alquileres a los que les toque la revisión anual de su contrato en mayo seguirán viendo un incremento limitado del 2% durante el próximo año. Con este tope, la subida supondrá alrededor de 175 euros anuales a nivel nacional, con mayores aumentos en Barcelona, San Sebastián o Madrid. De haber seguido vinculado al IPC, la próxima actualización habría sido de unos 360 euros/año, tras el 4,1% de inflación en abril. La Ley de Vivienda, a punto de aprobarse, va a eliminar el IPC como indicador de referencia de los contratos a partir de 2025.

El Informe Anual de 2022 del Banco de España incide en que la tenencia de vivienda en propiedad en nuestro país ha caído en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y está provocando un aumento de la desigualdad. El organismo valora la llegada de la Ley de Vivienda pero avisa de que medidas como el control de rentas podría generar efectos indeseados a medio plazo, como la reducción del número y la calidad de los pisos disponibles en el mercado o un incremento en zonas no reguladas. Además, alerta de que otras iniciativas del Gobierno como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda".

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) afirma que la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción "drástica" de la oferta en el mercado del alquiler, entre otros muchos "efectos indeseados" que ha detectado como el incremento de la inseguridad jurídica o el aumento de otro tipo de alquileres en detrimento del residencial. La organización reitera en las desigualdades sociales y económicas entre autonomías, la desaparición de inmobiliarias y el perjuicio hacia los propios inquilinos por las limitaciones a los propietarios.

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye que la Ley de Vivienda "intervendrá completamente" el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos. Desde el Observatorio señalan que establecer precios máximos "no tiene ningún sentido" y es una decisión económica "irracional" que conduce a distorsionar el libre mercado. Apuntan, además, que dichas distorsiones conllevarán una disminución de las transacciones.

La Comisión de Transportes y Movilidad Urbana se reunirá este jueves para deliberar la Ley de Vivienda y enviarla al Pleno de la semana que viene, con la idea de enviarla después de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 28 de mayo. Distintos grupos se han quejado de este acelerón de los trámites, pues la ley llevaba bloqueada más de un año en el Congreso y ahora se pretende solventar en 10 días. El dictamen que cuenta con mayoría suficiente se elevará al Pleno del Congreso, donde se votará el día 27, según ha dejado ya fijado la Junta de Portavoces.

La renovación de contratos de alquiler de viviendas durante este mes de abril serán los primeros que vivirán una segunda actualización de sus rentas con el tope del 2%. Los alquileres a los que les toque renovar en abril verán un incremento medio de 175 euros/año a nivel nacional. Si lo hubieran hecho con el IPC, referenciado al 3,3% de marzo, la subida hubiera sido de unos 290 euros anuales, la menor diferencia de los últimos 12 meses. El Gobierno ya ha anunciado que tras 2023 habrá un tope del 3% en 2024, y aplicará un nuevo índice para la actualización de las rentas en 2025, siempre por debajo del IPC.

El Gobierno de coalición ha cerrado un acuerdo con ERC y Bildu para desencallar la Ley de Vivienda con cambios sustanciales frente a la normativa que salió del Consejo de Ministros. La nueva ley reduce las condiciones a cumplir para que una CCAA o ayuntamiento declare zonas de mercado tensionado de alquiler, el IPC dejará de ser el índice de referencia en los contratos de alquiler y rebaja a cinco viviendas ya sea persona física o jurídica la definición de gran propietario en zonas tensionadas. Este año seguirá el tope del 2% en la renovación de contratos, subirá al 3% en 2024, y se creará un nuevo índice de alquiler que nunca será superior al IPC a partir de 2025.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que en España urge "limitar el precio del alquiler como ha hecho Berlín, como hace París y como hacen muchas ciudades del mundo". Díaz, en declaraciones a TVE, ha señalado que muchas de estas ciudades que limitan los alquileres no cuentan con gobiernos progresistas, pero toman esas medidas porque "quieren dar salida a un problema gravísimo" para sus ciudadanos.

En unas semanas se cumplirá un año de la intervención del Gobierno en el precio del mercado del alquiler estableciendo un límite del 2% en la renovación anual de los contratos de arrendamiento, y que se alargará, como mínimo, todo 2023. Los alquileres a los que les toque renovar en marzo verán un incremento cercano a los 175 euros/año, mientras que si lo hubieran hecho con el IPC (6% en febrero), la subida hubiera sido de algo más de 520 euros/año. Repasamos el impacto de la tasa actual y lo que hubiera subido con la inflación en las capitales de provincia.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha alejado la posibilidad de establecer un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas zonas tensionadas que quiere introducir la futura Ley de Vivienda, aún en tramitación parlamentaria. La ministra ha defendido que el límite a la subida de alquileres ha sido un elemento de protección "absolutamente extraordinario" ante la actual coyuntura económica.

El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, se ha mostrado en contra de establecer límites al mercado del alquiler de viviendas, tal y como pretende fomentar la próxima Ley Estatal de Vivienda, estableciendo zonas tensionadas de alquiler, y que se encuentra en trámite parlamentario. Algo que ha sorprendido a la diputada del PP, Paloma Tejero, y a la líder de Vox, Rocío Monasterio, durante una mesa redonda en Efimad.

A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la limitación del 2% en la renovación anual de los contratos de arrendamiento de viviendas impuesta por el Gobierno, analizamos cómo queda la actualización de rentas en las capitales tras conocerse el dato definitivo de la inflación en enero (5,9%). De media nacional, el incremento será de 170 euros al año, siendo más de 200 euros en Barcelona, San Sebastián o Madrid, y de apenas 85 euros en Teruel o Ciudad Real. Con la última tasa del IPC, los alquileres habrían registrado una subida de casi 500 euros más al año.

El mercado del alquiler en el sur de Europa comienza el año con rentas altas. Para intentar controlar la escalada de precios, el gobierno de España lleva limitando al 2% la subida de los contratos a los que les toque renovar desde la pasada primavera. Con datos de idealista, las rentas medias subirán de media en enero unos 170 euros más al año. Mientras, en Portugal arranca una medida similar, aunque con la diferencia de que se ofrecen incentivos fiscales a los propietarios. En Italia, el último incremento de precios alcanza el 11,3% interanual en diciembre sobre el índice FOI, una tasa que aumenta en 800 euros más al año los alquileres del mercado libre.