Ley de vivienda Pais Vasco

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ha anunciado que se va a impulsar una Ley de Medidas urgente para acelerar la construcción de vivienda, que espera aprobar este año, y que contempla medidas como la posibilidad de rebajar la exigencia de construcción de vivienda protegida al 60% o reducir los trámites urbanísticos hasta en un 50%, a través del silencio administrativo positivo. Además, se permitirán ampliaciones en altura en edificios protegidos para generar hasta 2.000 nuevos alojamientos, se prohibirán nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas o sanciones a los propietarios que incumplan las normas en estas áreas controladas.

La localidad guipuzcoana de Azpeitia se ha convertido en la primera de Euskadi en aplicar un canon a las viviendas vacías. Tras informar de la situación del inmueble, se dará un mes de plazo a los propietarios para acudir a la Oficina de Vivienda del municipio para hablar de la posibilidad de ponerlas en alquiler. Quienes decidan mantener sus casas vacías, tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado anual, con un incremento del 10% en los próximos años. Según datos que maneja el Ayuntamiento, hay 563 casas vacías en el municipio.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, trasladará propuestas para "retocar" la Ley de Vivienda en las negociaciones para la posible investidura de Pedro Sánchez, ya que admite "discrepancias" con la norma por "invadir competencias". Con este panorama, el portavoz del partido nacionalista vasco en la Cámara Baja ha apuntado que en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez "hay que hablar" y "retocar" la Ley de Vivienda, por lo que el PNV hará propuestas en ese sentido.

El parque de viviendas deshabitadas durante al menos dos años en Euskadi ha bajado en 2022 frente al anterior informe. Según el Gobierno vasco, el año pasado cerró con 11.434 unidades vacías, un 25% menos que en 2019. El Ejecutivo autonómico achaca este este descenso al parón de la obra nueva, los programas públicos que incentivan el alquiler social de pisos sin ocupar y el efecto disuasorio de contar con un canon a las casas vacías desde 2021, aunque no se ha puesto en marcha.

El parque público de vivienda en Euskadi, destinado al alquiler social, roza las 22.000 unidades y pretende ampliarlo. El Gobierno autonómico acaba de comprar pisos a Sareb, además de ceder otros para arrendamiento, está tratando de movilizar las viviendas vacías y la rehabilitación de pisos para sacarlos al mercado del alquiler y pretende dar beneficios fiscales para los propietarios que decidan arrendar con los precios del índice de referencia del mercado que va a lanzar.

El Ejecutivo vasco se lanza al mercado para atraer a los propietarios de viviendas vacías con el fin de conseguir que cedan sus pisos al parque público de alquiler social. El Gobierno autonómico espera encontrar 700 casas este año, para adherir hasta 8.000 viviendas en 2025.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central, que considera que la normativa vasca invade competencias del Estado. Hasta que el Alto Tribunal decida si es acorde o no con la Constitución, la Ley de Vivienda permanecerá suspendida. El plazo para dictar sentencia es de cinco meses prorrogables.

El País Vasco sigue los pasos de Madrid, Andalucía y Cataluña en regular el mercado del arrendamiento. A partir de hoy, los arrendadores de viviendas en la región vasca deberán depositar las fianzas en un plazo de tres meses en un nuevo servicio bautizado Bizilagun, siempre que los contratos se hayan firmado a partir del pasado 26 de septiembre. Los alquileres anteriores no están obligados a hacerlo hasta la renovación.

La Ley de Vivienda en Euskadi, que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y contempla la expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, llega al Parlamento donde saldrá adelante con el apoyo de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y el rechazo PP y el PNV, partido en el Gobierno.

La futura ley de vivienda del País Vasco recoge que los ciudadanos con dificultades económicas y con cuatro años de antigüedad en las listas de etxebide, el servicio vasco de vivienda, podrán reclamar ante un juez una vivienda digna El funcionamiento de la futura normativa, aún un borrador, es el si