La Ley de Vivienda vasca está suspendida y podría no volver a entrar en vigor hasta después de verano. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno central contra esta normativa, al considerar que se extralimita en sus competencias e invade algunas que son del Estado.
Hasta que decida si la normativa se ajusta o no a la Carta Magna, el Alto Tribunal ha decido suspender de forma cautelar la normativa, que fue aprobada en junio del año pasado y entró en vigor a finales de septiembre.
Recordemos que la Ley de Vivienda vasca consagra el alquiler social como un derecho reivindicable de los ciudadanos ante los tribunales y exigible a los poderes públicos y propone un canon para penalizar los pisos vacíos. Y este es, precisamente, uno de los puntos de desencuentro entre la normativa y el Ejecutivo central.
Según acordó el Consejo de Ministros celebrado el pasado 18 de marzo, el Gobierno en funciones ha llevado esta ley al Constitucional al considerar que invade competencias que no le pertenecen como, por ejemplo, en la regulación del deber de ocupación de una vivienda deshabitada.
Además, sostiene que la normativa vulnera el principio de la proporcionalidad en tanto en cuanto permite a una administración autonómica el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso y la imposición de multas y sanciones.
Ahora habrá que esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre la normativa, aunque el hecho de que haya admitido a trámite el recurso no significa necesariamente que dé la razón al Ejecutivo. De momento, la justicia tiene un plazo de cinco meses prorrogables para decidir sobre el asunto y durante ese tiempo la mencionada ley no estará en vigor.
Según la agencia EFE, en la providencia de admisión a trámite y suspensión, el TC anuncia que dará traslado del expediente "al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".
La decisión de paralizar cautelarmente la normativa, que se conoció el pasado viernes, ya ha tenido reacciones políticas: el Gobierno de Euskadi cree que la suspensión perjudica los derechos e intereses de la sociedad vasca.
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