El Consejo de Ministros del 18 de marzo ha solicitado al presidente del Gobierno en funciones la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda del País Vasco, en vigor desde hace nueve meses. Las discrepancias surgen en varios artículos de la normativa vasca, como introducir el deber de ocupación de la vivienda deshabitada que puede acabar en sanción administrativa. El Ejecutivo central denuncia que invade competencias estatales.
Después de varios meses anunciándolo, el Gobierno de Mariano Rajoy presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda del País Vasco. Las conversaciones en la comisión bilateral del Gobierno vasco y el Estado no han surtido efecto y finalmente el Ejecutivo central recurrirá ante el Tribunal Constitucional por vulnerar varios artículos de la Constitución española. Además, solicita la suspensión de la normativa.
Entre los principales puntos de conflicto se encuentra la regulación del deber de ocupación de la vivienda deshabitada. Para el Gobierno central la ley vasca no puede establecer en el ordenamiento una responsabilidad penal o administrativa sancionadora en base a un sistema de presunciones. Con ello, podría imponer a los propietarios de las viviendas deshabitadas sanciones económicas graves.
“La Ley vasca invade las competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de derecho civil”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaria.
El Ejecutivo se basa para denunciar la ley vasca en los artículos 24.2, 25 y 149 de la Constitución y por los que los procedimientos sancionadores deberán respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Además, el Gobierno de Mariano Rajoy afirma que la normativa vasca de vivienda vulnera el principio de la proporcionalidad tanto en cuanto permite a una administración autonómica el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso y la imposición de multas y sanciones.
“Estas medidas tendrían un impacto significativo sobre las entidades de crédito y sobre el mercado hipotecario, vulnerando la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, concretó la vicepresidenta.
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