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La política de vivienda del País Vasco se convierte en un ejemplo a seguir

Gtres
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Autor: Redacción

El País Vasco lleva años trabajando por la creación de un parque público de viviendas amplio y bien gestionado, además de otras políticas que favorezcan el acceso a un hogar a los jóvenes. En la actualidad, el parque protegido en alquiler se acerca a las 22.000 viviendas, gestionadas a través de la empresa pública Alokabide.

Para poder acceder a una ayuda de alquiler o compra los ingresos máximos no deben superar los 25.000 euros anuales. Pero las políticas del gobierno autonómico no se quedan aquí. Por primera vez, un gobierno autonómico ha llegado a un acuerdo con Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios de la banca rescatada, para comprarle pisos. Son solo nueve inmuebles, pero da un paso adicional a los convenios autonómicos con Sareb para ceder pisos en régimen de alquiler social.

Otra forma de actuar con el parque de viviendas existente en a través de movilizar las viviendas vacías en manos de particulares, que puede ascender a 30.000 inmuebles en toda la región. Su intención es ofrecer la gestión directa de los pisos a cambio de unas rentas que promedian los 600 euros al mes.

De hecho, este plan, bautizado como Bizigune, ha sido reconocido por la plataforma de soluciones de vivienda Housing Solutions Platform como una de las 50 ideas más innovadoras de 2019.

Otras de las acciones sobre el parque actual son las ayudas para la rehabilitación de viviendas, mejorando la accesibilidad y las condiciones de eficiencia energética y habitabilidad.

Por la parte de la obra nueva, todas las promociones públicas estarán dedicadas al mercado del alquiler a partir de 2020. Para las obras en el mercado libre, la reserva de vivienda protegida alcanza el 40% en suelo urbano y del 75% en suelo urbanizable, donde destaca el acceso a los jóvenes.

Otros de los programas en marcha es Gaztelagun, con un presupuesto de 50 millones de euros, que concede ayudas de hasta el 60% del alquiler a menores de 36 años.

Para los cupos de solicitantes de vivienda pública se ha establecido un máximo del 40% de los pisos sean destinados a menores de 36 años, y otro 40% al resto de solicitantes que se atienen al derecho subjetivo a una vivienda, un 10% a personas con necesidades especiales y otro 10% restante al cupo general.

También pretende actuar en el mercado libre del alquiler fomentado precios asequibles, que se tomarán como referencia de un índice del mercado del alquiler de publicación semestral. Los propietarios que apliquen estos precios podrán conseguir desgravaciones fiscales de hasta un 60% si el arrendamiento baja un 20% de las cifras públicas.