La Comunidad de Madrid prepara una nueva ley para reducir burocracia y atraer más inversión. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado el anteproyecto de la bautizada Ley de medidas contra la Hiperregulación, un texto que ya se encuentra en fase de consulta pública para avanzar en su tramitación.
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Según explica el Ejecutivo regional, esta iniciativa va orientada "a favorecer el crecimiento y la competitividad de la economía madrileña mediante la simplificación normativa y la reducción de cargas administrativas".
En concreto, el texto por un lado busca dotar al ordenamiento jurídico regional de herramientas que permitan agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración, "evitando excesos normativos que puedan dificultar de forma injustificada el libre ejercicio de la actividad económica o la unidad de mercado". Por otro lado, quiere fomentar la atracción de inversión mediante una reducción sustancial de los plazos administrativos necesarios para la implantación de proyectos empresariales, "optimizando la actuación pública frente a trámites lentos o fragmentados", explica el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso.
En definitiva, la normativa, amparada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, "tiene por objeto impulsar el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, adoptando medidas de mejora regulatoria orientadas a la atracción de inversión e innovación, la generación de empleo y la mejora del bienestar social", en un entorno económico "marcado por la intensificación de la competencia entre territorios para la captación de inversión y talento" que hace necesario "continuar contando con un marco jurídico estable, previsible y eficiente", añade el Gobierno regional.
Apuesta por la simplificación normativa
Con esta nueva ley, que ya está disponible en el Portal de Transparencia para recabar aportaciones de ciudadanos y empresas hasta el próximo 18 de junio, la Comunidad de Madrid avanza en su compromiso de combatir la hiperregulación.
En los últimos cinco años, explica el Ejecutivo autonómico, se han simplificado o eliminado un total de 540 normas, como la modificación de la Ley del Suelo para facilitar la obtención de licencias y reducir los plazos de tramitación o, en materia de Familia, la extensión del uso de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.
Recientemente, también ha aprobado una ley para impusar la vivienda protegida y los cambios de uso de inmuebles obsoletos en viviendas (como oficinas u hoteles), que ha llevado aparejada una simplificación administrativa a través de la introducción del silencio positivo en la emisión de determinados informes sectoriales preceptivos necesarios en materia urbanística. "De este modo, cuando el plazo supere los tres meses, los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán continuar su tramitación, evitando demoras innecesarias, reduciendo los tiempos de gestión y aportando mayor seguridad jurídica a los proyectos", explica el Gobierno autonómico.
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