El Departamento del Tesoro de EEUU ha dado a conocer la nueva regulación en materia de vivienda para impedir que los grandes inversores institucionales compren unidades unifamiliares. Se trata de la puesta en funcionamiento de una amplia ley bipartidista (republicanos y demócratas) en el Congreso estadounidense sobre vivienda aprobada el pasado verano.
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Según la ley, la prohibición impide a los inversores con más de 350 viviendas adquirir más casas unifamiliares y entrará en vigor el 7 de enero; un plazo bastante ajustado, tal y como ha reconocido el propio Departamento del Tesoro, por lo que se espera una aplicación gradual de la normativa
Las restricciones a los inversores institucionales formaban parte de una propuesta del presidente Donald Trump, centrada en la asequibilidad a la vivienda. No obstante, los críticos argumentan que esta política podría generar un efecto disuasorio entre los constructores y, en consecuencia, lastrar la oferta.
“Se trata de una disposición muy compleja y, por consiguiente, de una norma también muy compleja”, ha declarado David Dworkin, presidente y director ejecutivo de la National Housing Conference. “La cuestión fundamental es si el mercado seguirá construyendo viviendas de alquiler, que son sumamente necesarias. Si observamos que los constructores continúan edificando viviendas de alquiler (ya sean en altura o adosadas), considero que el Departamento del Tesoro habrá gestionado el asunto con éxito”.
Pero Dworkin añade que si “por el contrario, el mercado deja de invertir en viviendas de alquiler, lo único que habremos logrado es agravar aún más la crisis de vivienda asequible”.
Esta ley de vivienda en EEUU tiene como objetivo aliviar la escasez de oferta que ha contribuido a la frustración de los votantes en torno a la asequibilidad. Además de restringir a los inversores institucionales, la normativa introduce nuevas reglas que facilitan el desarrollo de viviendas prefabricadas y alienta a las autoridades locales a eliminar las barreras burocráticas en la construcción residencial.
La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts y coautora de la ley, emitió un comunicado en el que advierte a la Administración Trump que no introduzca “lagunas legales durante el proceso de elaboración de la normativa”.
“El Congreso estará muy atento para garantizar que la administración establezca normas definitivas y sólidas, sin resquicios que permitan a los grandes propietarios corporativos elevar los costes para los inquilinos y para las familias que intentan adquirir una vivienda”, concretó.
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