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Las principales ciudades de la corona metropolitana y Barcelona vuelven a unir fuerzas ante la problemática habitacional. Las alcaldías denunciaron el anuncio del Gobierno central de impugnar la última ley catalana de vivienda 4/2016. También coincidió con el reciente anuncio de los Presupuestos Generales del Estado, que destinará 466 millones de euros para vivienda, una cantidad que los ayuntamientos consideran irrisoria, por lo que piden un pacto nacional por el derecho a la vivienda.

El Ejecutivo de Rajoy envió a principios de marzo una carta a la Generalitat informando que la última ley de vivienda aprobada en el Parlament, la 4/2016, podría contener inconstitucionalidad en diez de los dieciocho artículos. Lo que se traduce en que podría ser la segunda ley de urgencia habitacional, en menos de doce meses, suspendida de nuevo por el Tribunal Constitucional al no cumplir con el marco legislativo.

Las alcaldías metropolitanas han mantenido reuniones para responder a la misiva del Gobierno central. Desde sus gobiernos municipales deben enfrentarse en el día a día a la realidad habitacional. Son quienes están más próximos a las quejas y procesos de movilización ciudadana en esta materia, pero carecen de herramientas para responder, dicen. Los alcaldes de este frente en común son los de los municipios de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa y Sabadell. No es la primera vez que responden al unísono ante esta falta de apoyo presupuestario.

En la convocatoria que hicieron ayer, no solo denunciaron que se pueda perder la ley de emergencia habitacional, también quisieron poner sobre la mesa la "desprotección legal en la que se encuentran los ayuntamientos". Para ello, no se centraron en una discriminación solo a nivel autonómico como sí hizo Meritxell Borràs desde el Parlament, sino que mostraron el significativo descenso presupuestario para la partida de vivienda desde los Presupuestos Generales del Estado. 

La principal herramienta de financiación para las autonomías es el gasto estatal destinado a esta materia. En los últimos diez años ha pasado de ser 1.155 millones de euros al año en 2007 a los 466 millones para este 2017, cuyo importe corresponde a un 0,057 de PIB español en vivienda, una reducción de más del 70%. Los alcaldes lo compararon al de Francia, por poner un ejemplo, donde es de un 1,8% del PIB estatal, es decir veinte veces más que el español.

Es por eso que los principales municipios de la provincia de Barcelona reclamaron ayer más presupuesto del Estado para la gestión municipal en políticas de vivienda. "O bien impulsar una nueva regulación de arrendamientos urbanos para alargar de nuevo los contratos a 5 años y acabe también con algunas condiciones abusivas, o bien transferir las competencias a la Generalitat" para que esta pueda trabajar con las grandes ciudades afectadas un índice de precios del alquiler, tal como hacen en Francia y Alemania.

Los seis municipios más poblados de Cataluña reclamaron, también, crear un pacto nacional por el derecho a la vivienda. Una convocatoria que ponga las bases de una nueva política pública de la vivienda basada en las necesidades municipales. Las cuestiones que consideraron de máxima urgencia tratar en este posible pacto nacional serían:

  • Afrontar políticas estructurales de vivienda con aumento del parque público del alquiler.
  • Mayor agilidad en la respuesta en los procesos de desahucios con más ayudas preventivas y colaboración en el proceso judicial.
  • Establecer una regulación en el marco de actuación de las ocupaciones de viviendas vacías.

Con esta reunión, convocada en Badalona, esperan sentar las bases de una nueva política pública de vivienda que sensibilice a Gobierno central en esta materia. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insistió que el descenso presupuestario en vivienda "no tiene comparación a Europa, les debería avergonzar".

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