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La región metropolitana de Barcelona reclama una ley de vivienda "a la altura de las circunstancias"

La unión hace la fuerza. Las grandes ciudades de la corona metropolitana y Barcelona parece que hayan alzado al unísono este lema para reaccionar ante la problemática habitacional y la falta de una ley que lo regule, después de que el Constitucional suspendiera la ley catalana 24/2015 que sí hacía frente a esta situación y dejara un vacío legal. Por eso han impulsado una ley exprés que inicia ahora su trámite parlamentario y supla la ley suspendida.

La futura ley de la Vivienda comienza a dar sus pasos este lunes, donde se presentará en el Parlament las enmiendas y a lo largo de diciembre se deberá convocar la ponencia con tal de que a finales de este mes o principios de enero la ley ya esté vigente, porque “la necesitamos urgentemente” reclama la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La alcaldesa fue quien convocó esta reunión con los alcaldes de los municipios de más de 100.000 habitantes del área metropolitana catalana. Estos son, Núria Marin por L’Hospitalet de Llobregat (PSC), Núria Parlón por Santa Coloma de Gramanet (PSC), Dolors Sabater por Badalona (Badalona en Comú), Jordi Ballart por Terrassa (PSC) y Juli Fernàndez por Sabadell (ERC). 

Esta reunión fue consecuencia de dos hechos. Por una parte, se presentó esta semana el borrador de los futuros presupuestos de la Generalitat en los que se atribuyeron 400,1 millones para políticas de vivienda, de los cuales 35,6 millones serán destinadosa porteger los derechos de la vivienda de personas en riesgo de exclusión social y 13 millones adicionales para políticas de deshaucios por causa económica. Y, por otra parte, el inicio del trámite de esta ley por la vía de la urgencia que no se quede corta a las necesidades municipales e incorpore herramientas útiles para los Ayuntamientos.

Los seis alcaldes reunidos. Fuente: Ajuntament de Barcelona
Los seis alcaldes reunidos. Fuente: Ajuntament de Barcelona

La llamada de los seis alcaldes se dirigía a los diputados del Parlament que deben aprobar la futura ley reclamando que sean "lo más ambiciosos posible, tanto en el articulado de la ley como en la dotación presupuestaria que lo acompañe". Todos los ediles reconocieron que la futura ley no lo puede regular todo, pero "debe ser abordada con la mayor responsabilidad y no con la mínima", reclamó Parlon. Por otra parte, alegaron que desde los ayuntamientos, "nos sentimos muy solos ante las consecuencias de la vivienda", como manifestó la alcaldesa de L'Hospitalet. En la misma línea, Sabater lamentó que "somos los que estamos más a pie de calle, pero somos los que estamos con menos capacidad de decisión económica y distribución de los recursos". 

¿Una ley inconstitucional?

La ley catalana de la vivienda 24/2015 fue firmada en julio 2015 por el Parlament, que derivó de una iniciativa legislativa popular para establecer, entre otras medidas, mecanismos que ayudara a familias endeudadas con su vivienda habitual y evitar su deshaucio, o atender la pobreza energética. Pero fue suspendida en algunos preceptos el pasado abril. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso promovido por el presidente del Gobierno (en funciones entonces), Mariano Rajoy. El presidente hizo uso de las facultades previstas en los artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC). El primero da vía libre al Gobierno para que impugne ante el TC "disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas" y el TC deberá ratificarlas o levantarlas en un plazo máximo de cinco meses. 

Según el Gobierno, solo algunos artículos de la ley 24/2015 ponían en duda su constitucionalidad, como los artículos 2 y 3, que regulan cómo resolver judicialmente los sobreendeudamientos de las familias. Principalmente, alude a los artículos referidos a la emergencia habitacional. Por su parte, Rajoy y su equipo consideraron que la ley vulneraba la igualdad de condiciones entre españoles, aunque la representación del Partido Popular en el Parlament sí apoyaron el texto articulado en la cámara catalana. Pero, desde el Gobierno de Rajoy debían evitar que Cataluña hiciera cambios judiciales unilateralmente. Algunas empresas, también, presentaron recursos sobre los puntos que afectaba a los grandes tenedores de vivienda.