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Palau de la Generalitat de Catalunya
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El TC podría suspender la última ley de derecho a la vivienda aprobada en el Parlament catalán

Lo que parecía solo una cuestión de recomponer lo derribado, un nuevo viento desde el el gobierno central podría volver a tumbarlo. La Generalitat ha recibido esta semana una carta del gobierno central comunicando que la recién estrenada ley catalana de derecho a la vivienda 4/2016, aprobada por la vía exprés el pasado diciembre, podría contener inconstitucionalidad en diez de los dieciocho artículos. Es la segunda ley aprobada en el Parlament que en menos de doce meses podría ser suspendida de nuevo por el Tribunal Constitucional al no cumplir con el marco legislativo.

La nueva ley es fruto de una iniciativa popular y obliga, entre otras, a las entidades financieras y los grandes propietarios a realojar con alquiler social las familias en riesgo de perder su vivienda. El texto sustituía aquellos puntos que fueron suspendidos de la ley catalana de la vivienda 25/2015. En la aprobación de la ley en la cámara catalana, el Govern quiso garantizar que la 4/2016 sí estaba blindada jurídicamente y no podría ser tumbada. 

De la misma forma, en la reunión que mantuvo la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, junto al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado enero reclamó que se retiraran los recursos presentados de la 24/2015 por el gobierno central y se comprometieran a respetar la recién firmada ley de la vivienda 4/2016. De la Serna, por su parte, se pronunció dialogante y quiso subrayar que cuando una ley se somete a un recurso "no hay detrás una acción política, sino jurídica cuando se analiza si una ley entra, o no, en el marco legal".

El gobierno liderado por Mariano Rajoy abre ahora una negociación con la Generalitat como paso previo a recurrir la ley al Constitucional. Los artículos que ya fueron suspendidos en la 24/2015 por poner en duda su constitucionalidad fueron, entre otros, aquellos que regulaban cómo resolver judicialmente los sobreendeudamientos de las familias. Un punto que podía poner de manifiesto la desigualdad entre españoles. Pese a ello, el PP actuó de manera incoherente: mientras que su representación en el Parlament sí aprobaba la ley, desde el Congreso la cuestionaba. 

El gobierno central plantea su posición de negociación en que el Parlament no puede hacer cambios judiciales unilateralmente que afecten a la Carta Magna. La consellera Borràs, por su parte, asegura que el gobierno catalán está tranquilo y que "cuenta con el aval del Consejo de Abogacía y el Colegio de Abogados de Barcelona". La consellera tildó de "amenaza clara" la carta de negociación del gobierno español. "Es un ataque a las competencias catalanas", declaró Borràs.

A lo que Borràs consideró una ofensiva, contraatacó diciendo, en unas declaraciones a ACN, que "si ellos (gobierno central) creen que no son unas competencias propias, ¿por qué no han desarrollado una ley en la que salga adelante la protección de las personas más vulnerables?". Otro de los artículos cuestionados es el que atiende al realojo en alquiler social a las personas vulnerables de ser desahuciadas. El texto fija la posibilidad de ofrecer un alquiler social para un plazo de tres años ampliables a tres más si el contexto social y económico así lo considerara. Desde la carta del Gobierno se plantea que "podría afectar al contenido esencial de la propiedad".

 Otro punto que también pone en tela de juicio la carta del Ejecutivo de Rajoy es el de la cesión obligatoria para bancos y entidades, en un periodo de entre 4 y 10 años, para fines sociales. Era precisamente una de las novedades de la ley 4/21016, amparándose en la ley de expropiación. 

¿Un ataque solo contra las competencias catalanas?

Aunque Meritxell Borràs ha querido plantear la carta de negociación como una clara amenaza y un ataque al gobierno catalán, no es el único gobierno autonómico que debe enfrentarse al equipo de Rajoy para negociar su propia ley de vivienda. Primero fue el gobierno de la Comunidad Valenciana. El ejecutivo de Ximo Puig recibió a principios de marzo una misiva de similares características donde se le pedía modificar la ley antidesahucios antes de que presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿La controversia? Prácticamente la misma: respetar el derecho a la propiedad y las competencias estatales.

Otra Comunidad Autónoma que debe pasar el veto del gobierno central es Murcia. El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley de derecho a la vivienda que aprobó la Autonomía de Murcia. De llevarse al Tribunal Constitucional, pasaría a ser la segunda ley de vivienda murciana que el Ejecutivo central recurriría "por exceder las competencias autonómicas que se le otorgan".

Por último, Navarra también se encuentra en plena discordia con gobierno central para llegar a unos acuerdos en algunos de los recursos presentados contra siete leyes forales, entre ellas la de derecho a la vivienda. El pasado 7 de marzo se reunían María José Beaumont, consejera de Presidencia, y el secretario de Estado para la Administración Territorial, Roberto Bermúdez, para desactivar los recursos de inconstitucionalidad.

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