La ley exprés que atiende al derecho a la Vivienda ya tiene nombre y apellidos, y en un tiempo récord: en menos de un mes se ha tramitado, aprobado y legislado la ley 4/2016, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular para dar respuesta a los preceptos de la ley catalana 24/2015 que el Constitucional suspendió el pasado abril. Desde ahora, la nueva normativa obliga a las entidades financieras y los grandes propietarios a realojar con alquiler social las familias en riesgo de perder su vivienda.
El nuevo texto no solo busca sustituir aquellos artículos suspendidos de la anterior medida legislativa, sino que se ha aprovechado el trámite para ampliarla y añadir nuevos puntos que atiendan y garanticen el derecho a la vivienda. Entre las principales novedades, la 4/2016 amplía el número de municipios donde el gobierno catalán tiene demanda de vivienda social, pasando de los 72 municipios actuales a los 234 con la nueva normativa, las mismas poblaciones que podrán aplicar el impuesto sobre pisos vacíos y con el que se espera recaudar más de 20 millones de euros.
Precisamente, una de las novedades que trae la ley es la expropiación temporal del uso de viviendas vacías a bancos y grandes tenedores. Aparte de la aplicación del impuesto a pisos vacíos de grandes tenedores, todos aquellos pisos inscritos en el Registro de Viviendas vacías o ubicados en esos municipios con necesidades sociales, deberán ser donados durante un periodo de entre 4 y 10 años para uso social, amparándose en la ley de expropiación. El coste de la rehabilitación de esas viviendas irá a cargo de la entidad bancaria o gran propietario, hecho que permitirá compensar el coste de expropiación.
Más allá de esa ampliación, también se dotará otras herramientas a más municipios para que puedan intervenir y evitar la exclusión social. Esto es, capacidad para aumentar el parque público a través del derecho de tanteo y retracto y poder movilizar más pisos vacíos de grandes propietarios.
Otra de las novedades es fijar un sistema para estos grandes tenedores de forma que ofrezcan un alquiler social a las familias que estén a punto de ser desahuciadas y, así, evitar los lanzamientos. También, a lo que respecta al proceso de mediación entre familias con sobre endeudamiento y bancos, el nuevo texto estipula la creación de comisiones. Con ello, se pretende analizar y atender los casos de esos hogares endeudados que soliciten la asistencia y elaborarles un plan que les ayude a salir adelante. Dichas comisiones serán las Comisiones de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia Social (CHASE) y estarán formadas por representantes de la Generalitat, entidades sociales como la PAH, abogados, ayuntamientos y bancos.
El Parlament aprueba por unanimidad la nueva Ley del derecho a la vivienda
Ha hecho falta pocos pasos para reconstruir lo derribado. Después que el Constitucional suspendiera en abril la ley catalana 24/2015 que hacía frente a la problemática habitacional en Cataluña, fruto de una iniciativa legislativa popular, ayer se firmó por unanimidad una ley exprés del derecho a la vivienda con el objetivo de proteger a las personas y familias en situación de exclusión residencial.
La región metropolitana de Barcelona reclama una ley de vivienda "a la altura de las circunstancias"
La unión hace la fuerza. Las grandes ciudades de la corona metropolitana y Barcelona parece que hayan alzado al unísono este lema para reaccionar ante la problemática habitacional y la falta de una ley que lo regule, después de que el Constitucional suspendiera la ley catalana 24/2015 que sí hacía frente a esta situación y dejara un vacío legal. Por eso han impulsado una ley exprés que inicia ahora su trámite parlamentario y supla la ley suspendida.
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