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La apuesta del Estado por el sector residencial brillará por su ausencia este año. De hecho, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que ha llevado el Gobierno al Congreso concede una partida prácticamente testimonial al acceso a la vivienda y el fomento de la edificación.

Para dicho fin están reservados 466 millones de euros, una cantidad un 20,6% inferior a la de las cuentas de 2016. La cifra, según el documento, apenas supone un 0,1% del gasto total. En el ejercicio anterior, esta política suponía un 0,2%, el doble que ahora, ya que el Gobierno ha decidido incrementar el dinero que destina a gasto social.

“La dotación de la política de vivienda asciende en el año 2017 a 466 millones de euros, de los que un 95,7% corresponden a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda, que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los Planes Estatales a través de los que se desarrolla la política de vivienda asumida por el Estado”, explica el documento.

Para hacerse una idea de cuánto representa esta cifra, basta repasar estos ejemplos: la partida de Cultura contiene 801 millones de euros, mientras que los servicios sociales contarán con 2.400 millones  y las pensiones, con casi 140.000 millones, que suponen el 40% del gasto. La dotación más parecida a la vivienda es la que se lleva la investigación, el desarrollo y la innovación militar, con 461 millones.

Atrás quedan las partidas de más de 1.000 millones de euros que se destinaron a la vivienda entre 2007 y 2011, e incluso los 780 millones que se dotaron en 2012. Los propios Presupuestos recuerdan que desde el año 2012 ha habido un cambio de percepción en lo que al mercado residencial se refiere. Si en el pasado las cuentas públicas trataban de incentivar la promoción y la construcción de viviendas, desde 2103 su objetivo ha dado un giro de 180 grados. El primer cambio fue poner fin a la deducción por inversión en vivienda habitual para las compras efectuadas a partir del 1 de enero de 2013.

Según reza el documento, el fomento del alquiler y la rehabilitación, la renovación y regeneración urbanas han pasado a ser los ejes básicos para adaptarse a los problemas y necesidades actuales de la ciudadanía en materia de disfrute de una vivienda digna y adecuada.

“La promoción del alquiler es uno de los ejes centrales de los Planes Estatales, que inciden tanto en la oferta como en la demanda. Desde la oferta, existen ayudas para la construcción de vivienda en alquiler y ayudas para la promoción. Existen, además, líneas creadas para movilizar las viviendas vacías y se cofinancia la vivienda de promoción pública en alquiler. Con ello, los ciudadanos podrán acceder a viviendas en alquiler con unas rentas reducidas, menores que las del mercado libre”, agregan los Presupuestos.

Dentro de esta política de reorientación de los recursos disponibles destacan dos partidas: la renta básica de emancipación de los jóvenes (aunque desapareció en 2012, siguen teniendo derecho a percibirla quienes cumplían los requisitos entonces) y las subvenciones para remodelar barrios.

Sin embargo, y como sucedía con la partida inicial, los Presupuestos de nuevo reducen los recursos para estas partidas. La dotación prevista en 2017 para la renta básica de emancipación se sitúa en 2 millones de euros, una cifra muy reducida si tenemos en cuenta que en 2015 se destinaron unos 14 millones de euros.

Por otro lado, los Presupuestos contemplan 8 millones de euros para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de SEPES o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Hace solo dos años, los recursos superaban los 17 millones de euros. Estos convenios incluyen, por ejemplo, subvenciones para remodelar barrios mediante convenios con administraciones territoriales, así como otras líneas de acción realizadas por el Ministerio de Fomento. “Abarcan desde estudios de investigación y fomento en arquitectura y vivienda, hasta las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras específicas de rehabilitación patrimonial y, especialmente, la elaboración de normas básicas reguladoras de la innovación y calidad de la edificación”, recalca el proyecto.

Más de 1.700 millones en beneficios fiscales

La vivienda tiene un papel protagonista en materia de IRPF. Y es que son miles de millones de euros los que el Gobierno ha tenido que destinar para sufragar las subvenciones y deducciones a las que tienen derecho los contribuyentes por la compra o el alquiler de una vivienda, aunque las cantidades dotadas este año son inferiores debido a la menor cantidad de personas que pueden aplicarse estos beneficios fiscales.

La más cuantiosa es la que permite al propietario deducirse el 15% de las cantidades pagadas al año por su vivienda habitual (hasta un máximo de 9.040 euros), siempre y cuando la adquiriera o aportara cantidades para su construcción antes del 1 de enero de 2013, fecha en la que acabó la desgravación. Los Presupuestos han destinado 1.177,60 millones de euros para este concepto, un 5,1% menos que un año antes.

Para quienes alquilan sus inmuebles como para los inquilinos también hay deducciones: el Estado ha ‘guardado’ unos 382 millones de euros para ambas partidas, frente a los 474 millones que dotó el pasado ejercicio. El descenso ronda el 20%. Recordemos que los propietarios de viviendas alquiladas pueden deducirse un 60% de los rendimientos ligados al arrendamiento (la cantidad que resulta de restar a los ingresos los gastos deducibles, como impuestos, suministros, mantenimiento…), independientemente de la edad de sus inquilinos, mientras que estos pueden deducirse el 10,05% de las cantidades pagadas siempre que el contrato sea anterior a 2015 y que su base imponible sea inferior a 24.020 euros.

Las cuentas públicas también contemplan otros 156 millones de euros para cubrir la exención de las ganancias patrimoniales por reinversión en vivienda habitual, otro de los beneficios fiscales vinculados al mercado residencial que contempla el IRPF.

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