El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras su aprobación definitiva en el día de ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal y el pago de los intereses de la deuda suponen más de la mitad del gasto total contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, según consta en el proyecto remitido este miércoles por el Ministerio de Hacienda
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que confía en anunciar en breve el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en el seno del Ejecutivo, así como con otras fuerzas políticas. Sobre los escollos entre los socios de Gobierno respecto a la aplicación de un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades y por el control de los precios de alquiler, la ministra ha desvinculado el apoyo de Unidas Podemos a los PGE un acuerdo definitivo sobre la Ley de Vivienda, aún en negociaciones pese a los retrasos que lleva acumulando.
El ministro José Luis Ábalos ha presentado el proyecto de presupuestos para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que asciende a 16.664 millones de euros, un 53% más que el anterior y el más elevado de los últimos 10 años. La partida de vivienda logra su mayor partida de la historia con 2.250 millones de euros, centrado en aumentar la oferta de pisos en alquiler social y asequible, al pago de las rentas y la inversión en rehabilitación para reactivar la economía.
El Estado ha inyectado a las autonomías casi 227.600 millones desde 2012 a través de dos líneas de liquidez para pagar deudas a los proveedores y dotarles de financiación barata. De todo ese montante, Cataluña ha recibido más de 67.300 millones de euros, cifra que representa el 29,6% del total. Comunidad Valenciana es la segunda del ranking con más de 51.700 millones, seguida de Andalucía, con 36.360 millones. Madrid ocupa la séptima posición con 7.610 millones.
El acceso a la vivienda y el fomento de la edificación cada vez ‘pintan’ menos en los Presupuestos Generales del Estado. En 2017 solo se destinarán a este fin 467 millones de euros, un 20% menos que durante 2016. La cifra equivale a un testimonial 0,1% del gasto total contemplado en las cuentas públicas, frente al 0,2% que representaba un año antes. El documento también reduce la partida destinada a la renta de emancipación y a las deducciones por compra y alquiler de vivienda, unas ayudas que actualmente no se conceden, pero de las que se siguen beneficiando muchos contribuyentes.
Cuadro con las principales previsiones macroeconómicas del gobierno de España para el presente y el próximo año
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