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Las ayudas al alquiler por el covid se atascan: siguen congeladas en unas CCAA y acaba el plazo en otras

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Las ayudas a los inquilinos afectados por la crisis del covid-19 que se canalizan a través de las comunidades autónomas siguen dando titulares. Se trata de una medida que aprobó el Gobierno durante las primeras semanas de estado de alarma, y que incluía el reparto de 100 millones de euros entre los diferentes territorios.

Y desde entonces han estado envueltas en polémica. El trasvase de dinero del Estado a las autonomías se produjo con retraso, y casi todas las regiones se han visto obligadas a aumentar el presupuesto con fondos propios para poder llegar al mayor número de beneficiarios posible. A esto se suma que el proceso administrativo para poner en marcha las convocatorias de las ayudas ha sido largo, lo que ha provocado retrasos en su funcionamiento (en Andalucía y Baleares, por ejemplo, el plazo se ha abierto en julio), que algunas regiones han adelantado la fecha límite para presentar las solicitudes y que en otras el proceso sigue suspendido ante el aluvión de peticiones recibidas.

Una de las autonomías más afectadas es Cataluña, que se vio obligada a paralizar las nuevas solicitudes a principios de junio, apenas dos semanas después de abrir el plazo. En esos días, recibieron en torno a 17.000 solicitudes, y "se decidió suspender la presentación de nuevas solicitudes para analizar todas las recibidas, ya que, si todas cumplieran los requisitos para recibir la ayuda por su importe máximo, sumarían más de 64 millones de euros en seis meses”, explican fuentes de la Generalitat. La autonomía, en cambio, contaba con un presupuesto inicial de 14,5 millones, aunque ha decidido aumentarlo en otros 5 millones de euros. Actualmente, la región está comprobando la documentación de las solicitudes existentes para poder valorar si cubren o no todos los fondos.

En el caso catalán, el importe de la ayuda varía en función de dónde se ubique la vivienda habitual, y va desde los 350 euros mensuales máximos para un alquiler en la demarcación de les Terres de l'Ebre a los 750 euros en Barcelona.

Pero, casi dos meses después de suspender el plazo de presentación de nuevas ayudas, sigue sin haber novedades al respecto. En la página web de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de momento solo aparece este mensaje: “De acuerdo con la Resolución TES / 1199/2020, de 29 de mayo, se suspenden, de forma cautelar, la presentación de solicitudes de estas ayudas, hasta que la tramitación y valoración de las solicitudes ya presentadas permitan analizar la suficiencia del crédito que haga viable la continuación o no de la presentación de nuevas solicitudes”.

Y no se trata de un caso aislado: Canarias también tuvo que paralizar el proceso de recepción de nuevas solicitudes a principios de junio y todavía no ha anunciado si va a reabrir el plazo o si lo da definitivamente por cerrado.

En concreto, la suspensión se produjo después de recibir más de 20.000 solicitudes en apenas un mes desde la apertura del plazo (8 de mayo). “Transcurrido un mes desde el inicio del plazo y debido al elevado número de solicitudes presentadas, a la cuantía máxima de la ayuda que puede concederse y al crédito presupuestario asignado a estas ayudas, se calcula que la concesión de las solicitudes presentadas superaría el crédito máximo presupuestado. Por este motivo, se considera necesario suspender el plazo de presentación de solicitudes hasta que la tramitación de las solicitudes ya presentadas permita determinar la suficiencia o no del crédito, y acordar la reanudación del plazo para presentar nuevas solicitudes o la finalización del plazo por agotamiento del crédito”, aseguraba un documento del Instituto Canario de la Vivienda publicado en el BOE regional.

En un intento por reactivar las solicitudes, la región amplió el presupuesto de las ayudas al alquiler por el coronavirus hasta los 12 millones de euros (incluyendo los fondos del Estado y otros autonómicos), con un máximo de 900 euros al mes por beneficiario, aunque alertó de que este aumento de recursos no suponía automáticamente el levantamiento de la suspensión del plazo de presentación de solicitudes. Así las cosas, no hay novedades desde la paralización del 10 de junio.

Otro caso destacado es el de Baleares, que ha sido una de las autonomías que ha abierto más tarde el proceso de solicitudes (el pasado 6 de julio, solo superado por Andalucía, que lo abrió el día 8) y lo mantendrá solo cuatro semanas. Según consta en la web oficial de la región, el último día que tienen los interesados para pedir esta ayuda es el próximo 31 de julio. En su caso, la presentación solo se puede hacer vía telemática y establece un importe máximo por beneficiario de 600 euros al mes.

La autonomía cuenta con un presupuesto de 3,22 millones de euros para las ayudas al alquiler por el covid-19 (2,4 millones proceden del Estado y el resto, de los fondos autonómicos), con un máximo de 600 euros al mes por beneficiario (el límite sube a 800 euros en el caso de víctimas de la violencia de género o personas vulnerables). Por otro lado, la convocatoria de las ayudas detalla que “el plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones de concesión de las ayudas para el alquiler de viviendas, así como también las resoluciones de denegación de las ayudas, será de cuatro meses desde la fecha en que acabe el plazo para presentar las solicitudes”. Es decir, hasta noviembre. En el caso de silencio administrativo, la solicitud debe entenderse como desestimada.

Otra región que ya ha dado por concluida la convocatoria es la Comunidad Valenciana, donde no se admiten nuevas solicitudes desde el pasado 30 de junio, según consta en la web de la Generalitat.

La región mediterránea abrió el plazo el 1 de junio y establecía una cuantía máxima de 600 euros al mes para los beneficiarios (900 euros en el caso de los colectivos vulnerables, como por ejemplo las víctimas de la violencia de género). El plan contaba con un presupuesto de 7,5 millones de euros ampliables con fondos regionales.

Según explican desde el Gobierno autonómico, han recibido un total de 18.460 solicitudes, repartidas entre las 8.568 de Valencia, las 7.552 de Alicante y las 2.340 de Castellón, y "en un primer análisis, unas 7.200 entrarían dentro de los supuestos especificados en la convocatoria, aunque la previsión es atender todas las que cumplan los requisitos".

Recordemos que para acceder a estas ayudas los inquilinos deben haberse visto afectados por el covid-1, lo que significa que deben estar en una situación de vulnerabilidad económica o social derivada del coronavirus, y que, aunque son ellos quienes deben presentar la solicitud, la autonomía correspondiente le ingresa el dinero directamente a los propietarios de las viviendas.