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Retrasos en los pagos, fondos insuficientes y otros problemas de las CCAA para activar las ayudas al alquiler

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / La Moncloa
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / La Moncloa

Las comunidades autónomas están poniendo el grito en el cielo por las ayudas a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus que aprobó el Gobierno vía Real Decreto-ley el pasado 31 de marzo.

El plan de contingencia diseñado por el equipo liderado por Pedro Sánchez incluye varias medidas en materia de alquiler: desde la prórroga de los contratos de arrendamiento, hasta la moratoria o reducción de la renta, pasando por los microcréditos avalados por el Estado para poder afrontar el pago de las mensualidades. Y también las ayudas regionales que pueden pedir los inquilinos que tengan una situación de vulnerabilidad económica y social como consecuencia del covid-19.

Estas ayudas son de un máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta, en caso de que no supere dicho límite, y de 200 euros adicionales para suministros básicos, comunidad y mantenimiento. Las ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre y contemplan que el dinero se utilice para pagar el alquiler o bien el préstamo que se haya suscrito para pagar la renta de la vivienda habitual (los famosos microcréditos del ICO, que de momento tampoco están disponibles para solicitar).

La Orden Ministerial publicada en el BOE el pasado 9 de abril por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento), incluía ya algunos detalles de esta medida: por ejemplo, que contaría con unos recursos de 100 millones de euros y que las condiciones concretas de la ayuda deben ser fijadas por cada región.

Y esta es una de las principales críticas de las autonomías, que explican a idealista/news: esperaban que el Gobierno fijara unos requisitos concretos para acceder a estas ayudas, así como los plazos y el mecanismo para hacerlo o la documentación necesaria para presentar la solicitud. Sin embargo, estas son las principales directrices que aparecen en la Orden Ministerial:

  • Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla determinarán los supuestos de ‘situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del covid19’ que posibilitarán adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas de este programa, que incluirán en todo caso y como mínimo los definidos en el Real Decreto-ley 11/2020, así como los medios a través de los cuales podrán acreditarse, que incluirán en todo caso y también como mínimo los establecidos por el citado decreto.
  • Las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla concretarán el plazo y forma de presentación de solicitudes, mediante resolución o acuerdo, que será objeto de publicidad, a la mayor brevedad posible.
  • Serán los órganos competentes de cada comunidad autónoma y de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa, para lo que podrán establecer los medios necesarios para que la concesión de las ayudas se produzca teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de los solicitantes. A estos efectos podrán solicitar asesoramiento de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, o habilitar cualquier otro mecanismo que les permita ponderar el grado de vulnerabilidad para proponer, en su caso, el importe de la ayuda y/o las mensualidades a las que se deba atender.
  • Corresponde a las comunidades, Ceuta y Melilla la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas de este programa, así como la gestión del abono de las mismas, una vez que hayan reconocido el derecho de las personas beneficiarias a obtenerlas.
  • La solicitud deberá ir acompañada de copia completa del contrato de mientras no determinen la documentación para la acreditación de dichos supuestos adicionales o complementarios, será de aplicación lo establecido en el artículo 6 del citado Real Decreto-ley.

Clarificar criterios y trámites administrativos lentos

Desde la Junta de Galicia explican a idealista/news que ha reclamado al Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, al igual que otras comunidades autónomas, que “clarifique los criterios de aplicación que deberá tener en cuenta la nueva orden de ayudas para alquiler de vivienda, toda vez que son los gobiernos autonómicos los que van a tener también que asumir su gestión y tramitación”.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que la Orden Ministerial “no da ningunas pautas" y que “el anuncio del Gobierno central deja excesivamente abiertas y sin concreción las medidas anunciadas, de manera que se deja en manos de las autonomías la tramitación de las ayudas, además de cargarles todo el peso burocrático”, detalla en su página web.

Con este escenario sobre la mesa, las autonomías aclaran que están “trabajando en los procedimientos administrativos y en la redacción de las bases que harán posible que se ofrezcan estas ayudas”, aunque alertan de que los retrasos en la transferencia del dinero por parte del Estado para canalizar las ayudas están ralentizando el proceso.

A pesar de que el Ministerio de Fomento aseguraba el 11 de abril que “las Comunidades Autónomas disponen ya de recursos para atender todas estas ayudas”, lo cierto es que las regiones insisten en que los fondos han tardado semanas en llegar. Andalucía y Comunidad Valenciana sostienen que la transferencia de todos los fondos se hizo efectiva entre el 22 y el 24 de abril, dos semanas después de que se publicara la Orden Ministerial. A fecha del 27 de abril, Galicia, Extremadura y la Comunidad de Madrid solo habían recibido el importe del Plan Estatal de Vivienda de 2020, sin tener aún disponible la cantidad que les corresponde del fondo de 100 millones de euros.

Además de la llegada tardía de los fondos, la Junta de Andalucía explica que, una vez que el Estado transfiere el dinero, el proceso exige la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas. Se trata de una tramitación administrativa “que no es fácil ni rápida”.

Por ejemplo, la Junta de Extremadura detalla que, entre otras cosas, es necesario contar con unos informes jurídicos y económicos que justifiquen que existen los fondos para convocar las ayudas y avalen la legalidad del proceso, y que deben ser emitidos por otras Consejerías y organismos de la Junta.

"El proceso en sí para la convocatoria es el habitual establecido para cualquier convocatoria pública de ayudas. Una vez publicada la orden y recabados los documentos (memoria económica, tabla de vigencia de disposiciones sobre la misma materia que pudieran resultar afectadas) e informes necesarios (de necesidad, de justificación de la concesión directa, de la Intervención General y de la Abogacía General de Extremadura), se aprobará la convocatoria y se publicará en el Diario Oficial de la Junta de Extremadura", explica el Gobierno regional.

Y como todo este procedimiento se realiza una vez que están disponibles los fondos, la mayoría de las regiones tienen pendiente este trámite administrativo, por lo que advierten de retrasos en la puesta en marcha de las ayudas.

Así las cosas, la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura esperan tener listo el procedimiento a lo largo de mayo, mientras que desde la Comunidad Valenciana aseguran que se podrán presentar las solicitudes de forma inmediata, aunque los beneficiarios no recibirán el ingreso hasta julio (en el caso de colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género o familias desahuciadas, el pago les llegará antes). Andalucía, por su parte, aplaza a junio la posibilidad de realizar las solicitudes, mientras que Madrid prevé abrir el plazo de las solicitudes a finales de mayo y empezar a pagar las ayudas a mediados de junio.

A pesar de este calendario, las autonomías consultadas confiesan que están trabajando a destajo para poder activar las ayudas lo antes posible, dedicando muchas horas e incluso fines de semana. Algunas regiones han llegado a solicitar al Gobierno central que les ceda personal para hacer frente a la avalancha de solicitudes que esperan, pero se han encontrado con el muro de tener que asumirlo de forma individual al ser una competencia traspasada a las autonomías, con el riesgo de sufrir un colapso administrativo.

Madrid, por ejemplo, reconoce que el procedimiento “corre el peligro de reventar la masa de funcionarios”, mientras que la Comunidad Valenciana ha decidido reforzar la plantilla con cargo al presupuesto regional para poder hacer frente al aluvión de solicitudes. Extremadura también está adoptando medidas estructurales y de organización de personal para garantizar la normal tramitación de estos nuevos programas de ayudas.

Las ayudas son insuficientes

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, las autonomías critican que los fondos son muy escasos. Este es el importe aproximado que le corresponde a cada autonomía, según lo que ya han recibido algunas de ellas y el peso correspondiente derivado de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Suelo y Urbanismo. No obstante, el Gobierno todavía no ha comunicado de forma oficial el reparto de los fondos, aunque lo hará público próximamente:

CCAA Importe del fondo de 100 millones
Andalucía 17.1
Aragón 3.8
Asturias 3.3
Cantabria 1.9
Castilla-La Mancha 4
Castilla y León 5.4
Cataluña 14.5
Comunidad Valenciana 11.4
Extremadura 3
Galicia 5.7
Islas Baleares 2.4
Islas Canarias 5.3
La Rioja 1.7
Comunidad de Madrid 15.9
Murcia 4.4
Ceuta 0.1
Melilla 0.1

Con estas cifras sobre la mesa, la Junta de Galicia asegura que también ha demandado al Gobierno a que “movilice una financiación acorde, ajustada y suficiente para poder ponerlas en práctica y atender así a las expectativas creadas en miles de familias”. Y añade que “el programa de ayudas diseñado por el Estado requiere de una dotación de recursos económicos que no quedan mínimamente cubiertos con la aportación financiera adicional anunciada”. Ni siquiera con los reajustes de los fondos relativos al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

De momento, muchas autonomías han anunciado que van a completar las dotaciones que les corresponden de esos 100 millones de euros con fondos del Plan de Vivienda (346 millones para toda España en 2020). Y tienen diferentes estrategias para hacerlo. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha logrado ‘rascar’ hasta 7 millones de algunas partidas de gasto vinculadas a la regeneración y rehabilitación urbana que en principio no van a poder ejecutarse y, por tanto, que se sumarán a los fondos destinados a las ayudas al alquiler por el covid-19. En total cuenta con unos 14,5 millones para este fin y con otros 3,9 millones (ampliables en otros dos millones) para ayudas al alquiler a colectivos vulnerables, como víctimas de la violencia de género o familias al borde del desahucio.

Pero también hay regiones que aseguran que ya tienen comprometidos buena parte del presupuesto para ayudas a la vivienda a colectivos como jóvenes o mayores de 65 años, por lo que apenas tienen margen para ampliar las ayudas por el covid-19.

“A Galicia solo le tocan 5,7 millones de euros de los 100 millones previstos, una cantidad que no será suficiente para cubrir los nuevos derechos creados por las ayudas ante el coronavirus para el alquiler de vivienda habitual”, sostienen fuentes de la Junta. Y añaden que, un “porcentaje importante de los fondos del Plan de Vivienda “están ya comprometidos a través de convocatorias de ayudas ya publicadas; por lo que el remanente que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) puede disponer de dicho plan asciende a 1,2 millones de euros”. En total, Galicia destinará 6,9 millones de euros.

Algo similar le sucede a la Comunidad de Madrid, que explica que no puede destinar todos los recursos del Plan de Vivienda a las ayudas a los inquilinos afectados por el coronavirus porque “tenemos compromisos adquiridos en otros programas que deben continuar: las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS) en muchos municipios de la región, las promociones de viviendas en alquiler social acordadas con empresas públicas de vivienda y, finalmente, las ayudas para la rehabilitación edificatoria, tan necesarias en este momento para mantener la actividad económica del sector y ayudar a mejorar la calidad y sostenibilidad de nuestro avejentado parque residencial”. No obstante, la región está estudiando cómo ‘sacar’ cerca de 17 millones de euros del Plan de Vivienda para añadirlos a los 15,9 millones que le corresponden del fondo extraordinario, para contar con una cifra superior a 33 millones de euros.

Andalucía, por su parte, destinará un “montante total de 30 millones después de que la Administración autonómica haya incorporado una partida adicional de casi 13 millones (que saldrán de los presupuestos regionales) a los fondos insuficientes del Gobierno central (17,1 millones), cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”, explica la web del Gobierno autonómico.

Pocos hogares se beneficiarán

Como resultado de todo lo anterior, las regiones alertan de que el escaso presupuesto no permitirá ayudar a todas las familias vulnerables.

En el caso de Andalucía, esos 30 millones beneficiarán a unas 8.500 familias, frente a las 4.700 que calculaba solo con los fondos extraordinarios del Estado, y que “dependerá del precio de los alquileres”.

Galicia, por su parte, estima que con los fondos que tienen presupuestados ahora mismo sólo podrá subvencionar la renta de 2.375 hogares durante 6 meses. Es, según el Gobierno regional, “una cifra muy alejada de los posibles afectados o solicitantes”, ya que estima en un cálculo conservador, que entre 50.000 y 75.000 familias gallegas podrían acceder a las nuevas ayudas. “Es decir, que tomando como referencia una ayuda media de 400 euros al mes (frente al máximo de 900 euros anunciado por el Gobierno), se necesitarían entre 120 y 180 millones de euros para poder financiarlas. Es decir, entre 17 y 26 veces más de la cantidad disponible.