Información sobre vivienda y economía

Llegan los drones 'antiokupas': Badalona usa la tecnología para controlar viviendas y naves

Twitter
Twitter
Autor: Redacción

La crisis del coronavirus ha impulsado las okupaciones ilegales de todo tipo de inmuebles: desde viviendas en la costa hasta pequeños comercios como talleres. De hecho, hay estudios que sitúan al temor a los okupas como el principal motivo de las familias a la hora de instalar alarmas en el hogar, por encima del robo.

Y para controlar el problema ya hay alternativas que se basan en el uso de la tecnología. El ejemplo más reciente lo ha protagonizado el Ayuntamiento de Badalona, que ha estrenado una nueva herramienta que pretende disuadir a los okupas y vigilar los inmuebles de los barrios más conflictivos del municipio a través de los drones.

De hecho, la Guardia Urbana de la localidad ya ha empezado a utilizar estos dispositivos, equipados con cámaras fotográficas, térmicas y nocturnas que permitirán conocer cuántas personas hay en un inmueble y que servirán de prueba cuando un propietario denuncie la okupación de una propiedad. Además, disponen de un altavoz y tienen autonomía para sobrevevolar un radio de 5 kilómetros y durante un periodo de unos 25 minutos.

Badalona es la primera ciudad de España que anuncia esta alternativa para luchar contra la okupación, con el objetivo de controlar principalmente las viviendas y las naves industriales, aunque también se utilizarán para vigilar la circulación o evitar aglomeraciones. 

Según ha anunciado el alcalde, Xavier García Albiol, a partir de octubre también contarán con este tipo de dispositivos otros cuerpos y fuerzas de seguridad de la ciudad, además de la Guardia Urbana. El popular también reclama a otras fuerzas políticas como el PSOE y Podemos una modificación legislativa urgente para evite que la ocupación ilegal de una vivienda o local en España  "salga gratis", y recuerda que los okupas se han convertido en un foco de conflictos en las calles. Una petición a la que se suman otros Ayuntamientos como el de Madrid, que sostiene que la ley no protege a los propietarios frente a una ocupación ilegal.