Barcelona pel canvi exige la suspensión de las sanciones por no publicar el índice de precios a la espera del Constitucional

Este viernes, Barcelona pel Canvi llevará a pleno la suspensión de las sanciones a inmobiliarias hasta conocer el veredicto del Constitucional, tal y como ha podido saber idealista/news. En los últimos meses, el consistorio ha impuesto una treintena de multas por la ley autonómica de control de los alquileres, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). 

“Puesto que el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado distintos expedientes sancionadores contra ofertadores y portales de Internet o buscadores de pisos de alquiler por el supuesto incumplimiento de la obligación de incluir el precio de referencia, nosotros exponemos que esta ley ha estado recurrida frente al TC y que se ha admitido a trámite”, explican desde Barcelona pel Canvi.

“Según el principio de prudencia y de acuerdo con la legalidad y la jurisprudencia correspondientes, se aconseja suspender los procedimientos sancionadores impuestos, al menos hasta que el TC lo dictamine”, sostienen. El partido político también recuerda que este tipo de normativas, poniendo de ejemplo la ciudad de Berlín, han sido anuladas por el TC alemán.

Esta norma, aprobada en septiembre de 2020, fue recurrida por el PP de inmediato al TC, que admitió el escrito a trámite y está en estudio. De hecho, antes de que el Parlament de Cataluña le diera luz verde, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) advirtió de que la Generalitat no tenía competencias en esta materia. 

El sector prevé que este pronunciamiento sea clave en la decisión final que tomen los magistrados y la normativa decaiga de forma definitiva. Con todo, en Barcelona ya se habrán tramitado sanciones. 

El consistorio barcelonés sigue defendiendo su postura al margen del proceso. Según han repetido en distintas ocasiones desde el ayuntamiento de Colau, corresponde al Ejecutivo local sancionar a portales de internet y administradores de fincas "porque la Generalitat de Cataluña debería ser más proactiva", asegurando que Administración local "tiene potestad sancionadora", y los multados, "capacidad para corregir las lagunas e incluir el campo del precio del índice de alquileres" en sus portales.  

No obstante, son numerosos los expertos que ya han adelantado que el Tribunal Constitucional tumbará la regulación catalana. En ese caso, los expedientes sancionadores abiertos por Colau se deberían cerrar. “el impacto reputacional sobre un Ayuntamiento que ya está con bajos índices de credibilidad sería brutal. Estar sancionando a sabiendas que el Alto Tribunal puede muy probablemente dictar sentencia en contra es éticamente reprobable y deja en muy mal lugar al Consistorio frente a inversores internacionales”, afirmó una fuente del sector inmobiliario consultada por idealista/news.