La ciudad de Madrid podrá edificar hasta 20.000 pisos protegidos de alquiler en suelos destinado a oficinas, tras el estudio realizado por el Ayuntamiento de la capital en torno a la aplicación de la Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que permite el cambio de uso de suelos terciarios para la implantación de viviendas protegidas. En una primera fase se podrían construir casi 7.500 viviendas, sobre todo en los distritos de Hortaleza o Vicálvaro.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del resultado del estudio en torno a la aplicación del artículo segundo de la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid.
Este artículo, en concreto, regula el cambio de uso en los suelos terciarios para la implantación de viviendas con algún tipo de protección pública.
Según el Ayuntamiento de Madrid, se estima que se podrían edificar 7.464 pisos protegidos en régimen de alquiler en una primera fase, sobre todo en los distritos de Hortaleza (3.725) o Vicálvaro (2.092). En otros suelos disponibles detectados en la ciudad también se podrían proyectar viviendas en Villa de Vallecas, (1.032), Arganzuela (196), Retiro (130); San Blas (121), Villaverde (90), Barajas (42) y Moncloa-Aravaca (36).
Una cifra que podría elevarse hasta las 20.000 unidades, mientras sigan avanzando la construcción de los nuevos desarrollos en la capital. La aplicación de esta normativa en la ciudad será elevada al Pleno de octubre.
La Comunidad de Madrid aprobó la modificación en su legislación de los cambios de suelo terciarios, en especial para locales y oficinas, hacia residencial, el pasado mes de junio, con el objetivo de liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevos hogares en todo el territorio regional.
El texto autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario, el destinado a oficinas, a uno residencial, para la implantación de viviendas de alquiler sujetas a alguna protección pública (VPP). Tras su aprobación, se abrió un plazo de cuatro meses a los ayuntamientos para decidir su aplicación.
El Ayuntamiento de Madrid afirma que ha analizado los ámbitos de la ciudad en los que, por la calificación de suelo (Terciario Oficinas), sería potencialmente aplicable la Ley de vivienda regional. Se han excluido, los ámbitos de uso industrial, al considerar que no son adecuados para el desarrollo de viviendas.
La Ley regional exige la presentación de las solicitudes de licencias en un plazo de dos años en solares finalistas o parcelas de ámbitos en situación de simultaneidad urbanización/edificación.
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