La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que su departamento está trabajando en los últimos detalles del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuya aprobación por el Consejo de Ministros está prevista para la segunda quincena de diciembre.
Rodríguez subrayó la importancia de la colaboración con las comunidades autónomas, que asumirán la gestión del 40% de los fondos en función de sus competencias. “Nos gustaría contar con el apoyo de todas las administraciones, pero especialmente de las comunidades, con las que siempre hemos trabajado estos planes”, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo plan supondrá un salto cuantitativo en financiación, al multiplicar por tres los recursos hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, una cifra inédita que, según la ministra, permitirá consolidar el parque público de vivienda como nunca antes.
La principal novedad del plan reside en triplicar la financiación pública respecto al anterior y en el blindaje del parque público de vivienda, con el objetivo de alcanzar estándares europeos tanto en volumen como en protección.
La distribución de los fondos se organizará en tres grandes bloques:
- 40% para ampliar la oferta de vivienda pública.
- 30% destinado a rehabilitación de viviendas y barrios, con especial atención a la eficiencia energética.
- 30% restante para programas de apoyo emergente, entre ellos la emancipación juvenil, el alquiler asequible en zonas tensionadas, la mejora de la vivienda rural y la reducción del esfuerzo financiero de los hogares más vulnerables.
El Estado asumirá el 60% de la inversión total, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
Además, Rodríguez anunció que este miércoles, 17 de septiembre, se abrirá la consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto que regulará el plan a partir de 2026.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales:
- el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública;
- la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad;
- el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes;
- la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad;
- y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha recordado que una de las prioridades del Ejecutivo es seguir trabajando para que la vivienda sea un derecho
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