La Comunidad Valenciana construirá vivienda en suelos dotacionales y proyecta 120.000 nuevas casas

El presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que cuentan con ocho millones de m2 en desuso que podrían destinarse a construir inmuebles
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana se suma a la corriente de construir viviendas protegidas en suelos dotacionales en desuso, medida que ya han implementado comunidades gobernadas por el Partido Popular como Andalucía y la Comunidad de Madrid.

El presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que esta propuesta podría generar 120.000 nuevas casas en la comunidad, con el objetivo de “acabar con la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana”, ha recalcado.

Publicidad

El jefe del Ejecutivo valenciano ha anunciado que el Consell va a poner en marcha en los próximos meses la herramienta Proyectos Habitacionales Locales (PHL) con el objetivo de destinar suelos calificados como equipamiento dotacional o pertenecientes al patrimonio municipal a la construcción de vivienda.

Según los cálculos del Gobierno de la Comunitat, hay ocho millones de m2 en desuso que podrían destinarse a vivienda, de los cuales, solo con la mitad, podría alcanzarse la cifra anunciada.

Pérez Llorca ha aprovechado su intervención para recalcar que durante esta legislatura el Consell ha puesto en marcha más de 4.800 viviendas de protección pública en el marco del Plan Vive, las cuales forman parte de las 10.000 establecidas como objetivo antes de finalizar su mandato, que será a mediados de 2027.

Avales a jóvenes y prioridad para los valencianos

El presidente también ha adelantado que el Institut Valencià de Finances (IVF) aumentará su línea de avales para jóvenes de entre 18 y 45 años hasta los 30 millones de euros, con el objetivo de facilitar préstamos bancarios a compradores por hasta el 100% del valor del inmueble.

También ha resaltado que se va a introducir el “criterio del arraigo para priorizar a los residentes locales en las adjudicaciones”.

Durante el discurso, también ha destacado que “se han aumentado los mecanismos de control”, en referencia al escándalo de Alicante en el que varios cargos públicos se adjudicaron viviendas públicas reservadas, supuestamente, para familias vulnerables.