El Gobierno de Canarias ha remitido al Gobierno central una propuesta de real decreto-ley en la que propone fijar un mínimo de 10 años de residencia en las islas o acreditar 15 de forma interrumpida para comprar una vivienda.
"Esto es un paso al frente con unos documentos técnicos solventes elaborados por el equipo jurídico de la comunidad autónoma canaria con especialistas en derecho comunitario y entendemos que es posible realizar estas medidas", ha afirmado a los medios de comunicación el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.
La norma canaria establece que se pueden adquirir dos viviendas en dos municipios diferentes, una para residir y otra a modo de 'casa de vacaciones' y si se compran más, dependiendo del municipio, tendrán cargas impositivas vinculadas a que se orienten al mercado del alquiler residencial, también para el caso de que sean personas jurídicas (empresas y sociedades).
El texto fija unos límites: cada residente canario podrá adquirir un máximo de dos viviendas, y deberán estar en localidades diferentes; quien tenga dos o más viviendas será equiparado a un no residente. Mientras, las empresas solo podrán comprar vivienda para venderla a particulares o destinarla al alquiler. Las operaciones que incumplan los requisitos serán nulas y no podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad.
La propuesta del Ejecutivo, que confía en que pueda ser aprobada por la Diputación Permanente, mantiene también la "idea muy clara" de limitar la compra de vivienda en el archipiélago a los no residentes en virtud del artículo 349 del Tratado de la Unión Europea que admite "singularidades" como región ultraperiférica (RUP), ha indicado Cabello.
Así, ha insistido en que Canarias "necesita medidas singulares y específicas diferentes a las del resto del Estado" pues en torno a un 30% de las viviendas están siendo compradas por parte de extranjeros que no residen en la comunidad autónoma y se trata de evitar que se compre "para especular".
El portavoz del Ejecutivo ha defendido la política de vivienda desplegada durante esta legislatura con hasta cuatro modificaciones legales que permiten entre otras cosas, que se estén construyendo 4.000 viviendas de públicas y que para optar a una de ellas se lleven más de 10 años viviendo en Canarias.
"Canarias necesita esas medidas singulares, diferentes a las del resto del Estado español", ha agregado. Además de la aprobación por parte del Ejecutivo Central, la medida necesita de la autorización de Bruselas como región ultraperiférica de Europa.
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