El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un plan de inspección de las viviendas protegidas ubicadas en la comunidad que permitirá “organizar y priorizar las actuaciones de control sobre este parque residencial y garantizar el cumplimiento de las condiciones asociadas a este tipo de viviendas”, según ha afirmado el Ejecutivo regional.
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Según los datos de la Junta, la comunidad andaluza cuenta con 216.482 viviendas protegidas, de las cuales 75.000 son gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), entidad que tendrá que inspeccionar 26.656 pisos para comprobar que no existan fraudes, morosos, alquiler o ventas ilegales, ni que se estén explotando como alquileres turísticos.
Desde el Gobierno destacan que, al tratarse de un “amplio y disperso parque residencial”, este “requiere de una planificación específica de las actuaciones inspectoras para comprobar que los inmuebles mantienen el uso y las condiciones establecidos durante su periodo de protección”.
El nuevo plan establecerá como “ámbitos prioritarios” las actuaciones destinadas a evitar la desocupación de viviendas protegidas, garantizar que accedan a ellas personas que cumplan los requisitos legalmente establecidos y detectar posibles incumplimientos relacionados con su utilización.
Entre las líneas de actuación se incluye también la detección de viviendas protegidas explotadas como alojamientos turísticos, así como la investigación de posibles operaciones de compraventa o alquiler en las que se estén aplicando precios superiores a los máximos autorizados.
Inspecciones durante los dos próximos años
Además, la Junta permitirá seleccionar las actuaciones y establecerá un orden de prioridades para determinar las viviendas sobre las que se desarrollarán las inspecciones.
Este plan incorpora mecanismos de seguimiento para evaluar su ejecución durante los dos próximos años, hasta 2028, por lo que se elaborará un informe destinado a comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y detectar posibles incidencias, mientras que al término de su vigencia se realizará una evaluación general de los resultados obtenidos.
El plan, que podrá prorrogarse un año más, se enmarca en las competencias de inspección y control atribuidas a la Junta de Andalucía en la Ley de Vivienda de Andalucía, que establece que la actividad inspectora debe desarrollarse de forma planificada y programada.
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