Andalucía eleva a 40.000 las viviendas protegidas proyectadas en su nueva Ley de Vivienda

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Vivienda que tendrá que recibir la luz verde del Parlamento en los próximos meses. Con esta nueva medida, la comunidad andaluza pretende incrementar la oferta de vivienda protegida, que en un principio se fijó en 20.000 durante los próximos cinco años. Sin embargo, la consejera de Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha incrementado esta cifra hasta las 40.000 VPO.

Díaz ha asegurado que, desde febrero, cuando entró en vigor el decreto-ley de medidas urgentes, se han inscrito 49 municipios con más de 100.000 habitantes de “ambos bandos ideológicos”, que han puesto a disposición del Gobierno regional 630 parcelas; es decir, 1,34 millones de m2 donde construir VPO. Además, la consejera ha informado que, hasta febrero del próximo año, más municipios se pueden acoger a estas medidas, por lo que prevé que el número de viviendas protegidas aumente aún más.

Pese a todos estos avances, la Ley todavía no está aprobada, ya que tiene que ser debatida y votada en el Parlamento de Andalucía, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, por lo que Díaz pretende “mejorarla y aprobarla” para aumentar la cifra final de viviendas protegidas.

En esta línea, la consejera ha informado que han contactado con todos los protagonistas, tanto instituciones públicas como promotoras privadas y ciudadanos. Además, también ha comunicado que en el proceso de escucha han recibido más de 600 alegaciones, de las cuales se han aceptado el 80%, por lo que ha defendido que es una ley “justa, equilibrada y que otorga muchas oportunidades”.

Durante su comparecencia, Díaz también ha enfatizado que en las próximas semanas se anunciará la creación de un portal digital donde los ayuntamientos podrán ofrecer terrenos catalogados con un uso distinto al residencial para construir viviendas protegidas.

Medidas principales

Esta nueva Ley incluye varias medidas importantes como la creación de la bolsa de suelo, con la que poner a disposición la máxima cantidad de terrenos disponibles; la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), que pretende agilizar aquellas promociones más necesarias; y la colaboración público-privada, que otorgará beneficios a aquellas promotoras que estén dispuestas a levantar viviendas asequibles.

Sin embargo, hay dos que destacan por encima del resto: los cambios de uso y el incremento de la densidad y edificabilidad de los proyectos protegidos.

El primer lugar, y tal y como ha vuelto a destacar la consejera, se permitirá el cambio de uso de dotacional a residencial en aquellos terrenos donde se vayan a levantar viviendas protegidas. Además, esta normativa permitirá aumentar un 20% la densidad y un 10% la edificabilidad de estos inmuebles.