La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa del Ayuntamiento de fomentar la prohibición de pisos turísticos entre las comunidades de vecinos. En concreto, contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, por sus siglas en catalán), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, así como contra el propio convenio, que también es objeto de impugnación.
Apartur explica en un comunicado que esta estrategia "excede el marco de competencias municipales". Además, señala que "vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas", como es el caso de los apartamentos turísticos, por lo que reclama al juzgado que declare la nulidad del acuerdo y del convenio.
Según consta en la demanda, Apartur tuvo conocimiento real y completo del contenido del acuerdo y del convenio el 7 de noviembre de 2025, cuando pudo acceder al expediente administrativo tras solicitarlo al Ayuntamiento. Hasta ese momento, la información pública del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona apuntaba a un convenio “para informar y orientar a las comunidades de propietarios sobre los procedimientos y las ventajas de dotarse de normas de regulación y convivencia para regular la instalación de actividades económicas”.
Sin embargo, el título y contenido real del convenio firmado finalmente revelan un propósito distinto y de mayor alcance: “La orientación y soporte a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de la instalación de actividades económicas, incluida la turística”, denuncia la asociación.
Apartur insiste en que la medida "supone una actuación política y jurídica que excede el marco de competencias municipales, vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas, como los apartamentos turísticos, regulados de forma pionera en Barcelona desde 2012 y cuyo número fue limitado y se mantiene estable desde hace más de una década, con alrededor de 10.000 licencias legales que representan solo el 1% del parque de vivienda de la ciudad".
Según la asociación, el acuerdo contempla, por ejemplo, subvenciones a los profesionales y comunidades de vecinos que redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico u otras actividades que “pueden tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas”, según el Ayuntamiento, hasta un presupuesto máximo de 100.000 euros. "Así, el convenio incentiva que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades en un único sentido, dado que solo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos", subraya.
Con la interposición del recurso, Apartur solicita al juzgado que admita la demanda y que declare la nulidad del acuerdo y del convenio, por exceder el propósito anunciado y por promover una actuación que afecta de forma sustancial a derechos adquiridos y actividades económicas regladas.
El Ayuntamiento de Barcelona responde
En declaraciones a los medios de comunicación, el teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, ha lamentado la actitud de Apartur que, a su juicio, "está hablando todo el día de ilegalidades pero no habla del foco del problema".
En concreto, Valls ha recordado que algunos pisos turísticos "generan problemas de convivencia" y que lo único que intentan des del consistorio es reforzar el sistema democrático de las comunidades de vecinos respecto a si quieren actividades turísticas.
Asimismo, ha pedido a la asociación "posicionarse en este tipo de cosas" y no presentar demandas y denuncias constantemente, en sus palabras, ya que aunque hay gente que puede entender los pisos turísticos, hay gente que no está dispuesta a convivir con ellos.
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