Apartur carga contra el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "No mejorará la vivienda"

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apertur) ha denunciado en Europa el fin de los pisos turísticos en la capital catalana en tres años. Una medida que anunció el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, el pasado mes de julio y que supondrá más perjuicios que beneficios.

Según ha afirmado Marian Muro, directora general de Apartur, durante su comparecencia en la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, celebrada este 4 de noviembre y en la que han intervenido otros tres expertos de los 27 Estados miembros de la UE, el Decreto-ley 3/2023 que aprobó la Generalitat de Catalunya, bajo el cual se ampara la medida anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona, "supone un grave precedente jurídico y económico que vulnera los derechos de miles de familias propietarias y de los profesionales del alojamiento turístico reglado".

Muro ha hecho hincapié en que no se trata de una prohibición de renovación de licencias como invoca Collboni, sino que "supone la expropiación de un derecho adquirido", ya que las licencias no deben renovarse porque no están sujetas a caducidad.

Desde Apartur insisten en que la eliminación de los pisos turísticos en Barcelona no tendrá un impacto positivo para el mercado de la vivienda y han puesto sobre la mesa que los distritos con menos alquileres turísticos han registrado los mayores incrementos en el precio. Unos datos que ha recabado la consultora PwC, basándose en información oficial del propio Ayuntamiento, y que también refrendan organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el Banco de España y la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

Este hecho, remarca la asociación, niega que exista una correlación directa entre apartamentos turísticos y un aumento del precio de la vivienda en Barcelona. 

Marian Muro ha explicado en el Parlamento Europeo que la prohibición que quiere llevar a cabo el Consistorio barcelonés es "desproporcionada y discriminatoria", e infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria y otras leyes europeas. Por ejemplo, contradice la Directiva de Servicios de la UE (Directiva Bolkestein), que protege la libertad de prestación de servicios dentro del mercado interior; y vulnera el principio de proporcionalidad. 

Durante su comparecencia, Muro también ha alertado que la supresión de las viviendas turísticas no asegura que éstas vayan a pasar al mercado residencial de larga duración, ya que cada propietario decidirá qué hacer con ellas en base al derecho a la propiedad. Por tanto, no mejorará la oferta de viviendas de alquiler tradicional. 

Y aunque la anulación de licencias legales sin que exista compensación por ello no mejorará la vivienda, sí que supondrá un perjuicio económico y social. "Supondrán una pérdida de 1.900 millones de euros de aportación al PIB de Barcelona y la destrucción de más de 40.000 empleos directos e indirectos, según los últimos datos de PwC, además de comportar un agravio para el turismo familiar y de negocios", incide la asociación. 

La directora general de Apartur ha puesto como ejemplo internacional el modelo que lleva vigente en Barcelona desde hace más de una década, basado en una regulación y limitación pionera de los pisos turísticos. Y es que, mientras otros países empiezan ahora a hablar de restricciones, desde 2014 no se conceden nuevas licencias, lo que "ha permitido mantener un equilibrio entre oferta turística y residencial y controlar la ilegalidad".

Según Apartur, en Barcelona hay actualmente 10.100 pisos con licencias turísticas, lo que representa un 1% del parque residencial de la ciudad; mientras que hay más de 58.000 viviendas vacías y 27.000 dedicadas a otros negocios. 

Llamamiento para garantizar la proporcionalidad y evitar monopolios

La petición de Marian Muro a la UE ha sido la de velar por "una aplicación proporcional, basada en evidencias y que sea coherente con la legislación vigente sobre alquileres de corta duración (Reglamento STR 2026), evitando medidas fragmentadas o prematuras".

Así, ha solicitado que se salvaguarde el papel de los alquileres de corta duración en las economías locales y la diversificación turística, así como los derechos de los propietarios evitando monopolios. 

Para la directora general de la asociación, es necesario apostar por el diálogo y un análisis profundo de la situación antes de dar cualquier paso legislativo para evitar caer en “una simplificación engañosa que distorsiona la realidad”. Y también ha recordado a Bruselas que la solución al problema de la vivienda pasa por "establecer medidas profundas y estructurales como aumentar la oferta de vivienda asequible, mejorar la eficiencia administrativa o garantizar la seguridad jurídica a los propietarios", y no por medidas sin efecto real en el mercado como la desaparición de los pisos turísticos. 

Para Muro, las normativas que se han puesto en marcha en ciudades como Ámsterdam o Nueva York han demostrado ser contraproducentes, mientras que otras basadas en el diálogo, como ha sucedido en Portugal, son un mejor ejemplo a seguir.