El nuevo decreto antidesahucios, contra las cuerdas: Junts mantiene su 'no' al escudo social

Junts se mantiene en su rechazo al nuevo decreto del escudo social que aprobó el Gobierno el pasado 3 de febrero y que debe votarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días.

Este decreto, que incluye la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, se debatirá y votará en la Cámara Baja previsiblemente a finales de este mes. Actualmente, con la negativa del partido catalán, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, pese a que Podemos ya ha anunciado su respaldo. 

Fuentes de la formación encabezada por Carles Puigdemont han reiterado que no hay negociaciones con el Gobierno y, por tanto, dan por seguro que no habrá escudo social, en tanto que el Ejecutivo no ha sacado del nuevo decreto la medida para paralizar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos los okupas e inquiokupas. 

"Si no lo cambian, no habrá escudo social", insisten en Junts, que ni siquiera se plantean una abstención después del acuerdo que el Gobierno y el PNV suscribieron con medidas de apoyo a los pequeños propietarios afectados por la okupación porque ésta no se puede aplicar con carácter retroactivo y porque no arregla el problema.

La formación ha insistido en que la aprobación este 12 de febrero de la Ley de la Multirreincidencia "no cambia nada" en sus relaciones con el Gobierno y, aunque ha mostrado su satisfacción porque haya salido adelante su ley con los votos del PSOE, PP y Vox, entre otros, afirman que, con esta aprobación, se está cobrando lo que el Gobierno les debe.

Entre las reivindicaciones pendientes que hace el partido al Ejecutivo se encuentra el traspaso a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la inmigración, una iniciativa de Junts y PSOE que el Pleno del Congreso rechazó admitir a trámite, las balanzas fiscales, la amnistía y la ejecución presupuestaria.

La okupación les importa "un pimiento"

En el caso del escudo social, Junts no ve suficiente que el Gobierno haya eximido a los pequeños propietarios de la nueva moratoria -solo afecta a propietarios con tres o más viviendas- y alega que el decreto todavía ampara a okupas e inquiokupas. 

Según la formación, al Gobierno del PSOE y Sumar este fenómeno le importa un "pimiento" y su único objetivo es que haya debate sobre el asunto y la sociedad vea la división entre izquierdas y derechas.

La ausencia de negociaciones también se extiende a los Presupuestos Generales de 2026, que también dan por seguro que no saldrán adelante porque Junts no lo apoyará y porque ni tan siquiera el Gobierno ha intentado negociar con el partido. 

Isabel Rodríguez: "Hay capacidad de diálogo y de entendimiento en la materia "hasta el último minuto"

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado a los medios en una rueda de prensa que "hay capacidad de diálogo y de entendimiento en la materia hasta el último minuto".

"Ayer yo vi algún partido posicionarse en contra, espero que vaya evolucionando también su posición porque creo que los ciudadanos que le han votado están mayoritariamente de acuerdo con el Real Decreto que se tramitó por parte del Consejo de Ministros", ha añadido.

Cuenta atrás para solicitar una compensación económica

El decreto antidesahucios, que entró en vigor el pasado 5 de febrero, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye la posibilidad de que los arrendadores afectados por la suspensión de los desahucios y lanzamientos soliciten una compensación económica a la Administración por el importe que han dejado de percibir vía rentas.

Pero, si decae el texto, también lo hará la posibilidad de solicitar una indemnización económica. En este escenario, la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha enviado una circular informativa a sus más de 6.000 miembros -entre pequeños y grandes tenedores de vivienda- para apremiarlas a que realicen las solicitudes mientras el decreto esté en vigor. 

La asociación presidida por Helena Beunza, de hecho, recomienda proceder a realizar "la solicitud de las compensaciones con carácter inmediato", incluso sin tener el expediente completo, "ya que, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, eso no invalida las solicitudes, sino que obliga a la administración a dar un plazo de 10 días para completarla a posteriori".

También recuerda que "es importante que todas aquellas solicitudes de compensación que se presenten demuestren que la suspensión del desahucio ha sido con motivo del Real Decreto-ley 11/2020 (o de cualquiera de sus prórrogas)".

Por otro lado, hace hincapié en que, generalmente, "la compensación no podrá solicitarse hasta que no hayan transcurrido 3 meses del auto de suspensión, ya que ese es el período que los Servicios Sociales tienen para ofrecer vivienda alternativa". E insiste en que "es importante comprobar que existe un auto acordando la suspensión del lanzamiento en el que el juez motive su decisión en la acreditación de la situación de vulnerabilidad económica del arrendatario. Si la suspensión es por otros motivos (por ejemplo, formales), o se dicta mediante decreto, la compensación suele ser denegada".

Según Asval, la solicitud se puede presentar también en los casos en los que se haya recuperado ya la posesión, bien por acuerdo extrajudicial, bien porque la suspensión haya sido ya levantada (en ese caso, se compensará por el tiempo que la suspensión estuvo vigente), aunque recuerda que es necesario que las diferentes CCAA habiliten la ampliación de plazo de este mecanismo de compensación. 

Para definir el importe de la indemnización, se analizará el valor medio de las viviendas en alquiler en la ubicación del inmueble. 

Según recuerda Asval, "este valor puede ser determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler (SEPARVI) u otras referencias, como los informes de precios de portales inmobiliarios. Si la renta fuese superior a ese valor medio, la compensación consistirá en la renta dejada de percibir. Asimismo, podrán incluirse los gastos asociados a la vivienda que el arrendador haya asumido durante su periodo de suspensión".