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La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones vuelve a agitar la política municipal en Barcelona en un momento especialmente sensible: la recta final del mandato y el horizonte electoral cada vez más cerca.

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros de 9 de diciembre un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Además, se ha aprobado otro real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado la ruptura con el Gobierno que el partido independista catalán anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras. Pese a todo, Junts quiere "cobrarse" los acuerdos que han alcanzado en torno a normas concretas e 'indultará' cinco leyes, entre ellas la de movilidad sostenible, la de atención a la clientela o la norma que dota de financiación a la atención a los pacientes de ELA.

Siete años después de su aprobación, la norma que obliga a reservar el 30% de vivienda social en las nuevas promociones de Barcelona está en el punto de mira. El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha dado un paso al frente dirigiéndose por carta al alcalde Jaume Collboni (PSC) y al líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, para proponer un pacto tripartito que elimine esta obligatoriedad y desbloquee la construcción residencial en la ciudad.

Junts ha roto las negociaciones con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para reformular la polémica normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. La formación independentista considera que “el PSC no tiene una propuesta clara” y ha retirado su apoyo a cualquier cambio en la norma vigente. El grupo municipal se desmarca así del pacto que el gobierno de Collboni buscaba tejer para modificar una medida que el propio alcalde ha considerado “ineficiente” en varias ocasiones, y que apenas ha generado vivienda social desde su entrada en vigor en 2018.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la intervención pública en el mercado de la vivienda porque "no funciona" tras una pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Sánchez ha defendido que medidas como la Ley de Vivienda han permitido bajar el precio de los alquileres en Cataluña, a lo que Nogueras le ha respondido que "es imposible encontrar una vivienda digna que se pueda pagar" y ha espetado al presidente que todavía no se ha visto ninguno de los pisos que anunció que iba a crear. "Siguen vendiéndonos humo", ha reprochado.

Las cosas se le complican al alcalde de la capital catalana. Junts per Catalunya ha intensificado la presión sobre el primer mando de Barcelona, Jaume Collboni, al condicionar su apoyo a la reforma de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias a la implementación de un paquete integral de medidas destinadas a abordar la crisis habitacional en la ciudad. El líder de Junts en el consistorio, Jordi Martí Galbis, ha declarado que "la pelota está en el tejado de Collboni", exigiendo que el gobierno municipal adopte una serie de iniciativas clave para garantizar su respaldo a la modificación de la normativa vigente.

La compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha generado una ola de reacciones en el sector inmobiliario, los partidos políticos y diversas asociaciones. Mientras desde el gobierno municipal se ha defendido la operación como una victoria para los inquilinos, diversos actores han expresado su descontento por el impacto económico y jurídico de la transacción. Idealista/news recoge las distintas reacciones, que van desde la intención de ‘impugnar’ la compra del Partido Popular de Barcelona, hasta criticar la forma en la que se ha llevado a cabo la compra.

El Pleno del Congreso debatirá esta semana la proposición de ley de ERC, Sumar, Bildu, Podemos y BNG para limitar el uso de los alquileres de temporada y por habitaciones, que ya fue rechazado el pasado septiembre por PP, Vox y Junts, y que ahora incluye modificaciones puntuales para atraer el voto favorable de los nacionalistas catalanes, como respetar las competencias autonómicas en materia de vivienda. La norma propone una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y, entre otras medidas, obligar al arrendador a justificar la necesidad de temporalidad.

Junts se ha sumado finalmente a PP, Vox y UPN para tumbar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones. A pesar de que los catalanes habían anunciado que se iban a abstener, finalmente han decidido posicionarse en contra, por lo que la votación ha quedado con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto; y 178 votos en contra.

Damiá Calvet está entre los candidatos de JxCAT, partido liderado por Xavier Trias, para Barcelona. El candidato explica a idealista/news en una entrevista que no cree en construir vivienda pública solo desde el prisma de la emergencia habitacional, ya que lo ve “un discurso de miseria” y quiere poner fin a la inseguridad de Barcelona y las okupaciones haciendo buen uso de las fuerzas de seguridad.

El acuerdo entre ERC y Junts para formar una coalición presenta un nuevo escenario para las políticas de vivienda en Cataluña. Si bien por el momento se desconoce en qué partido recaerá la legislación de vivienda, todo apunta a que será Junts, dentro de una misma consellería que incluirá Política Territorial y Digitales, donde se incluirá movilidad y vivienda.

Si bien os mostramos cuánto patrimonio poseían los líderes de los partidos políticos con representación en el Parlament de Cataluña, ahora hemos desgranado los bienes de los 135 diputados. Las 173 viviendas declaradas se reparten en 96 diputados, mientras que otros 39 no tienen ninguna casa en propiedad. El diputado que más casas tiene es Lluís Font (JuntsxCat), junto a Anna Caula, de ERC (7). El partido con mayor deuda hipotecaria es Ciudadanos y los que menos propiedades tienen,Catalunya en Comú Podem.