La compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha generado una ola de reacciones en el sector inmobiliario, los partidos políticos y diversas asociaciones. Mientras desde el gobierno municipal se ha defendido la operación como una victoria para los inquilinos, diversos actores han expresado su descontento por el impacto económico y jurídico de la transacción. Idealista/news recoge las distintas reacciones, que van desde la intención de ‘impugnar’ la compra del Partido Popular de Barcelona, hasta criticar la forma en la que se ha llevado a cabo la compra.
El Partido Popular (PP) ha sido una de las voces más críticas. Su líder en Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que llevará la compra ante la Fiscalía, argumentando que se trata de una "cesión al chantaje" por parte de los inquilinos y del Sindicat de Llogateres. Sirera ha denunciado que en 2021 el Ayuntamiento rechazó adquirir el edificio por 6 millones de euros, mientras que ahora lo compra por 9,2 millones, lo que, según él, representa una "nefasta gestión de los recursos públicos". Además, considera que la compra sienta un peligroso precedente al incentivar a otros colectivos a presionar al consistorio para que actúe de la misma manera en otros inmuebles.
En la misma línea, Junts per Catalunya ha tachado la compra de "económicamente insostenible" y ha criticado al gobierno municipal por "improvisar" en materia de vivienda. Consideran que la operación no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda y que sienta un precedente negativo. Desde la formación han argumentado que el Ayuntamiento no puede asumir la compra de todas las fincas con problemas de alquiler y que este tipo de soluciones son meramente "parches" que no abordan el fondo del problema: la falta de vivienda asequible y el encarecimiento del mercado.
En el ámbito vecinal, la Asociación de Vecinos de la Izquierda del Eixample ha manifestado su preocupación por el impacto de la compra en el mercado inmobiliario. Consideran que la operación beneficia excesivamente a la propiedad y que el coste de 9,2 millones de euros es desproporcionado. Desde la organización han subrayado que, aunque comprenden la situación de los inquilinos, el Ayuntamiento debería haber negociado un precio más ajustado para no generar un "efecto llamada" que motive a otros propietarios a elevar artificialmente los precios de sus inmuebles.
Desde el sector inmobiliario, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona han alertado sobre la inseguridad jurídica que puede generar la compra. Argumentan que puede sentar un "precedente peligroso" y disuadir a propietarios de alquilar sus inmuebles ante el riesgo de que sean adquiridos por la Administración bajo presión vecinal. Advierten que estas compras pueden distorsionar el mercado y que es necesario buscar soluciones más estructurales para garantizar un equilibrio entre los derechos de inquilinos y propietarios.
El Sindicat de Llogateres y otros movimientos sociales, también ha criticado la operación: la compra se ha negociado “de espaldas a los inquilinos y al Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro”. En un comunicado, la organización denuncia que “el gobierno municipal pagará 9,2 millones de euros a Albert Ollé, rescatándole y premiándole después de años de intentar expulsar a los vecinos”.
Desde Esquerra Republicana, la portavoz Najat Driouech ha celebrado la compra, aunque ha exigido al Govern que complemente este tipo de iniciativas con una regulación del alquiler de temporada. Según ERC, el problema de la vivienda en Barcelona no solo se debe a la especulación inmobiliaria, sino también al auge de los alquileres de corta duración, que reducen la oferta para los residentes y encarecen los precios. Exigen que el Govern tome cartas en el asunto para evitar que este tipo de operaciones sigan siendo necesarias en el futuro.
Por su parte, los Comuns han defendido la operación como "una victoria de la ciudadanía organizada". Jéssica Albiach ha subrayado que la adquisición del edificio garantiza la permanencia de los vecinos en sus viviendas y fortalece el modelo de vivienda pública en la ciudad. Consideran que esta compra es un paso más en la lucha contra la gentrificación y que permite evitar la expulsión de los inquilinos a causa del aumento de los alquileres.
Este debate refleja las profundas divisiones sobre la intervención del sector público en el mercado inmobiliario. Mientras algunos consideran que es una medida necesaria para garantizar el derecho a la vivienda, otros ven en la operación un riesgo para la estabilidad del sector y la inversión inmobiliaria en Barcelona. En cualquier caso, la compra de la Casa Orsola se ha convertido en un símbolo del pulso entre administraciones, propietarios e inquilinos en la capital catalana.
Barcelona compra Casa Orsola por 9,2 millones tras venderse por más de 5 millones en 2021
El Ayuntamiento de Barcelona se lo repiensa y orquesta una operación para pagar 4 millones más por la Casa Orsola. El Consistorio y Hábitat3 han adquirido la Casa Orsola por 9,2 millones de euros, casi el doble de los 5,4 millones que el fondo de inversión Lioness Inversiones pagó por el edificio en 2021. La operación, que pretende garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos actuales, ha generado críticas por parte de muchos actores del sector, incluso por parte del Sindicato de
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Los vecinos de Casa Orsola y el Ayuntamiento siguen buscando una alternativa al futuro del edificio. El último movimiento se ha llevado a cabo en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha aprobado con una mayoría del 80% de votos a favor, es una proposición que insta al Consistorio y a la Generalitat a volver a interferir en una operación inmobiliaria y estudiar la compra de la finca sin que esto suponga un enriquecimiento para Lioness Inversiones, su actual propietario.
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