Sindicat de Llogaters

La compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha generado una ola de reacciones en el sector inmobiliario, los partidos políticos y diversas asociaciones. Mientras desde el gobierno municipal se ha defendido la operación como una victoria para los inquilinos, diversos actores han expresado su descontento por el impacto económico y jurídico de la transacción. Idealista/news recoge las distintas reacciones, que van desde la intención de ‘impugnar’ la compra del Partido Popular de Barcelona, hasta criticar la forma en la que se ha llevado a cabo la compra.

Más frentes abiertos para la alcaldesa de Barcelona. Los propietarios de la Casa Orsola, en el punto de mira del lobby inmobiliario de extrema izquierda de Barcelona por comprar el edificio e impulsar un proyecto de rehabilitación el mismo, se preparan para demandar a Ada Colau por “prevaricación, difamación, amenazas y coacciones”. Los abogados aún están estudiando los posibles indicios, pero en los próximos días se tomarán las primeras acciones.

El negocio del inmobiliario despertaba el pasado 19 de octubre con la ilusión de reencontrarse por primera vez en una nueva feria en Barcelona tras la pandemia, pero su pistoletazo de salida ha sido agridulce. Un grupo de manifestantes, orquestados por el lobby inmobiliario de extrema izquierda (Sindicat de Llogaters y la PAH), han irrumpido en las inmediaciones del salón para mostrar su malestar con la feria. Los manifestantes también han conseguido entrar, mediante violencia, al interior de la muestra e interrumpir distintas actividades planeadas por la organización.

El autodenominado sindicato de inquilinos de Barcelona ha sido condenado por coacciones a una propietaria. Dos de sus afiliados tendrán que pagar 720 euros a Esther Argerich por los incidentes producidos en 2019, que tuvieron amplio eco cuando líderes de Podemos iniciaron una campaña intimidatoria contra la propietaria, entre ellos la actual ministra Irene Montero. El acoso político consistió en publicar vídeos testimoniales en sus redes sociales para presionar a la propietaria.

La Fiscalía pide nueve años de prisión para Jaime Palomera y Alpha y Fran, dos inquilinos que en 2018 estuvieron a punto de ser desahuciados de su piso ubicado en la calle Floridablanca de Barcelona. Las causas que alude la justicia es un "delito continuado de coacciones" y "violación de domicilio de persona jurídica" por su forma de impedir dicho desahucio.

La convocatoria de protesta organizada por el sindicato de inquilinos contra el Gobierno tras conocerse su intención de recurrir al TC la ley catalana del control del precio del alquiler tuvo un discreto éxito, a tenor de las fotografías que idealista/news tomó en Madrid y Barcelona. En concreto, en Barcelona la convocatoria reunió a un número aproximado de 80 personas mientras que Madrid fueron algo menos, en torno a 50.

El ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de alquiler se va a basar en los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán, que no avaló en julio pasado algunos artículos de esta norma porque incumplen la Constitución y el propio Estatut. Ábalos también adelantó que el Ejecutivo no va a pedir la suspensión cautelar de la ley que limita los alquileres en 60 municipios catalanes al TC.

A la ley catalana de alquileres podrían quedarle pocos días. Tal y como han confirmado desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a idealista/news, el Gobierno quiere aprobar en el próximo Consejo de Ministros la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de dicha ley. Además, pedirá la suspensión de esta norma que limita los alquileres desde el pasado mes de septiembre.

Las inmobiliarias catalanas se defienden ante el Sindicato de Inquilinos. Las Apis y el Consejo de Colegios de Cataluña salen en defensa del sector en una carta dirigida a Jaime Palomera y su asociación y exigen que no se cuestione ni su "profesionalidad" ni su "empatía" con los más vulnerables. “Vuestra representación sectorial no está ni acreditada ni se conoce más allá del ruido mediático que hacéis”, dicen.

Empieza el juicio de la propietaria increpada por Podemos y el Sindicato de Inquilinos. Esther Argerich, la propietaria a la que Irene Montero señaló públicamente por no querer mantener el precio del alquiler a dos inquilinos, ha sentado en el banquillo de los acusados a Juan y Livia, la pareja que vivió en su piso durante diez años. La propietaria pide un año de cárcel para ellos dos por un delito de coacciones.

Los okupas son cada vez más ambiciosos y resolutivos con los pisos que habitan ilegalmente. Esta es la historia de Maite Mendivil, okupa de un ático con terraza en Las Ramblas de Barcelona que debía haber sido desalojada este jueves pero que el Sindicat d’Habitatge del Raval consiguió frenar. Lo curioso de la historia es que la okupa pagaba un alquiler de 300 euros y, pese a eso, realquilaba el piso en Airbnb.

Los votos de la mayoría de JuntsxCat, ERC, Podem y la CUP dan el paso definitivo para la aprobación de la ley para limitar los precios del alquiler en Cataluña, una iniciativa encabezada por el Sindicat de Llogaters, lobby inmobiliario vinculado a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Ahora será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra, ya que es una ley que según el consejo de garantía estatutarias vulnera la Constitución española y atenta contra el derecho a la propiedad privada.

Esta semana el Sindicat de Llogaters, junto con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, presentó una proposición de ley en el Parlamento para limitar el precio del alquiler. Los principales actores del negocio inmobiliario catalán alertan de que “aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler”.

La Conselleria de Justicia y los grupos JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem y CUP han registrado una proposición para regular el mercado del alquiler en la comunidad. La medida, impulsada por el Sindicat de Llogaters, cuenta con el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada.

Ada Colau ha tildado de "desmesurado" el incremento de los alquileres de las viviendas propiedad de Azora, y ha asegurado que han detectado la presencia de cláusulas abusivas en contratos. El fondo, por su parte, defiende que “son las administraciones públicas las no están cumpliendo con su responsabilidad de generar VPO”, además de pedirles que “dejen de intervenir en la vivienda libre”, ya que eso sólo hará que “se reduzca la oferta”.

Esta mañana estaba previsto el tercer intento de desahucio del piso que Esther Argerich tiene en Travessera de Gràcia y que finalmente ha recuperado tras la intervención de los Mossos d’Esquadra. El Sindicat de Llogaters ha vuelto a intentar frenar el desahucio, si bien en esta ocasión no lo han logrado.

La justicia ha convocado, de nuevo, el desahucio del piso que Esther Argerich tiene en Travessera de Gràcia, en el barrio de Gràcia de Barcelona. La propietaria increpada por Podemos se volverá a ver las caras con el Sindicat de Llogaters, que ya han convocado a todos sus afiliados para el 20 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el tercer desahucio, en la puerta de la vivienda.

Ayer se iba a llevar a cabo el segundo intento de desahucio de los inquilinos del piso que Esther Argerich tiene en Travessera de Gràcia, en el barrio de Gràcia de Barcelona, pero el Sindicat de Llogaters ha vuelto a detenerlo. Según fuentes consultadas por idealista/news desconocen cuál será la fecha de un nuevo desalojo.

Tras meses defendiendo su caso e intentando recuperar su piso de Travessera de Gracia de Barcelona, Esther Argerich ha decidido demandar a Juan y Lívia (inquilinos del piso) así como a Pablo Ruíz de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia y a Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, acusándolos de coacción y amenaza.