
La convocatoria de protesta organizada por el sindicato de inquilinos contra el Gobierno tras conocerse su intención de recurrir al TC la ley catalana del control del precio del alquiler tuvo un discreto éxito, a tenor de las fotografías que idealista/news tomó en Madrid y Barcelona. En concreto, en Barcelona la convocatoria reunió a un número aproximado de 80 personas mientras que Madrid fueron algo menos, en torno a 50.
Al frente de la reunión contra el Gobierno de coalición en Barcelona estaba Jaume Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos, que participó en la marcha sin guardar las medidas de seguridad exigidas por Sanidad, como el uso de la mascarilla. Mientras que la manifestación de Barcelona se llevó a cabo en el número 191 de calle Pallars, frente a la sede del PSC, en Madrid ha sido en el número 70 de la calle Ferraz, frente a las sede del PSOE.
En Barcelona, bajo los cánticos “ninguna vecina fuera del barrio” y otras rimas contra el Gobierno del PSOE (“Y Podemos”, tal y como quiso dejar claro una espontánea arrebatándole el micro a una de las responsables de la manifestación), los allí presentes querían evitar que el Gobierno “tumbe la ley de regulación de alquileres”.
En Madrid, la protesta frente a la sede del PSOE en el número 70 de la calle Ferraz comenzó 15 minutos tarde. Los manifestantes estaban convocados a las 19:00 horas, pero la gran mayoría llegó pasado un cuarto de hora. Al final, el sindicato de inquilinos logró reunir entre 60 y 70 personas, que durante cerca de una hora lanzaron proclamas contra el Gobierno de Pedro Sánchez mientras aporreaban sus cacerolas.
La protesta estuvo encabezada por dos grandes pancartas. Una de ellas apuntaba directamente a un fondo de inversión: "Guerra a Cerberus, Frente de Madrid", rezaba. La otra defendía arrendamientos justos: "No más expulsiones de nuestros barrios. Por un alquiler justo y estable", afirmaba la lona extendida por el sindicato de inquilinos.
Durante la manifestación, uno de los integrantes del sindicato tomó la palabra y explicó a los presentes el motivo de la concentración. En su discurso, recalcó la importancia de la decisión que se tomará este martes en el Consejo de Ministros con respecto a la legalidad del control de precios del alquiler en Cataluña. "Esta medida ha logrado que los arrendamientos bajen en esta comunidad y es muy importante que no tumben la ley para que podamos aplicarla en Madrid, Zaragoza...", afirmó el representante del sindicato.
Además, también tomaron la palabra dos afectadas por un desahucio: una de ellas explicaba que era el propio IVIMA quién la desalojaba, mientras que la segunda narraba que era Cerberus quien la echaba de casa. Tras estas intervenciones los ánimos se caldearon e incluso se llegó a pedir a gritos que bajara de la sede el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Esta mañana, además, José Luis Ábalos ha incidido en este asunto, afirmando en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del partido socialista que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de alquiler se va a basar en los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán, que no avaló en julio pasado algunos artículos de esta norma porque incumplen la Constitución y el propio Estatut. Este organismo autonómico también aseguró que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.
“Es muy difícil no recurrir ante el Constitucional cuando la propia comisión de estatutos del parlamento catalán se mostró en contra de la normativa y emitió un informe tan negativo”, ha afirmado Ábalos.
El Parlamento catalán aprobó a comienzos de septiembre de 2020 la ley que regulaba los precios del alquiler en 60 municipios de Cataluña de más de 20.000 habitantes, pese al rechazo de los abogados del Consell de Garanties Estatutàries del Parlament.
Ábalos también ha adelantado que en el recurso que pretende aprobar el Consejo de Ministros del martes 15 de junio no se va pedir la suspensión cautelar de la normativa catalana que limita los precios del mercado del alquiler de viviendas.
“No vamos a pedir la suspensión de la ley, si la anticonstitucionalidad. Un derecho tan importante como es el de la función de la vivienda no puede estar al margen de la ley, fuera de la ley. Cualquier normativa sobre vivienda debe tener solidez jurídica y no exponerse a estas situaciones”, ha insistido.
La noticia del recurso que el Gobierno pretende llevar al Tribunal Constitucional saltó a la actualidad cuando el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Icéta, respondió a una pregunta del grupo parlamentario Bildu, sobre si el Gobierno tenía planeado finalmente suspender dicha ley catalana. “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, tengo la obligación de presentar ese recurso”, respondió en el Congreso de los Diputados.
La impugnación por parte del Ejecutivo llega después de que fuera aprobada en septiembre de 2020 y después de que el TC admitiera a trámite el pasado enero el recurso de inconstitucionalidad del PP. Además, en las últimas semanas diferentes voces del mundo jurídico han afirmado que el límite de los alquileres será declarado inconstitucional, sumándose así a la opinión de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).










Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta