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Ábalos avanza que el Gobierno no va a pedir al TC la suspensión cautelar de la ley de alquiler catalana

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes 15 de junio un recurso ante el Tribunal Constitucional

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos / PSOE
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos / PSOE

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del partido socialista que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de alquiler se va a basar en los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán, que no avaló en julio pasado algunos artículos de esta norma porque incumplen la Constitución y el propio Estatut. Este organismo autonómico también aseguró que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.

“Es muy difícil no recurrir ante el Constitucional cuando la propia comisión de estatutos del parlamento catalán se mostró en contra de la normativa y emitió un informe tan negativo”, ha afirmado Ábalos durante el turno de preguntas de los periodistas.

Y el Parlamento catalán aprobó a comienzos de septiembre de 2020 la ley que regulaba los precios del alquiler en 60 municipios de Cataluña de más de 20.000 habitantes, pese al rechazo de los abogados del Consell de Garanties Estatutàries del Parlament.

Ábalos también ha adelantado que en el recurso que pretende aprobar el Consejo de Ministros del martes 15 de junio no se va pedir la suspensión cautelar de la normativa catalana que limita los precios del mercado del alquiler de viviendas.

“No vamos a pedir la suspensión de la ley, si la anticonstitucionalidad. Un derecho tan importante como es el de la función de la vivienda no puede estar al margen de la ley, fuera de la ley. Cualquier normativa sobre vivienda debe tener solidez jurídica y no exponerse a estas situaciones”, ha insistido.

La noticia del recurso que el Gobierno pretende llevar al Tribunal Constitucional saltó a la actualidad cuando el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Icéta, respondió a una pregunta del grupo parlamentario Bildu, sobre si el Gobierno tenía planeado finalmente suspender dicha ley catalana. “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, tengo la obligación de presentar ese recurso”, respondió en el Congreso de los Diputados.

La impugnación por parte del Ejecutivo llega después de que fuera aprobada en septiembre de 2020 y después de que el TC admitiera a trámite el pasado enero el recurso de inconstitucionalidad del PP. Además, en las últimas semanas diferentes voces del mundo jurídico han afirmado que el límite de los alquileres será declarado inconstitucional, sumándose así a la opinión de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

La OCDE reitera en los perjuicios de limitar los alquileres

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado un estudio para favorecer la vivienda asequible en el que ha insistido en los perjuicios económicos y para los inquilinos que supone establecer límites a los precios de los alquileres, ya que “pese a que puede beneficiar en un principio a los inquilinos, a largo plazo les perjudica porque desincentiva la salida al mercado de más viviendas y la escasez acaba encareciendo los precios”, destacan.

“Aplicar topes a los alquileres es una opción que tiene sus costes porque a largo plazo no protege a los inquilinos”, ha aclarado a la agencia EFE, Luiz de Mello, director de estudios del departamento económico de la OCDE. “Hay otras opciones que no crean los mismos tipos de costes como el desarrollo de viviendas sociales, que son muy escasas, aunque eso supone aumentar la inversión pública en el sector”, agrega De Mello.