El envejecimiento de la población y la pérdida de habitantes están cambiando el mapa económico de España. Varias provincias del interior registran avances significativos en su PIB por habitante, pero detrás de estas cifras se esconde una realidad menos favorable: sus economías crecen por debajo de la media nacional y pierden población, especialmente jóvenes en edad de trabajar. Esta evolución tiene un impacto sobre las cuentas de la Seguridad Social, hasta el punto de que el gasto en pensiones ya duplica los ingresos por cotizaciones sociales en 18 provincias, según los datos publicados por El Mundo.
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Zamora representa uno de los ejemplos más claros de esta paradoja. Desde el año 2000, su PIB por habitante ha aumentado un 53,5%, más del doble que la media provincial, situada en el 22,9%. Sin embargo, durante ese mismo periodo ha perdido el 17,5% de sus habitantes y su economía ha crecido un 26,7%, frente al 38,9% registrado de media en el conjunto de las provincias españolas.
La explicación está, en buena medida, en el denominador de la estadística. El PIB por habitante mide la riqueza generada en un territorio en relación con su población, por lo que una reducción del número de residentes puede elevar el indicador, aunque la actividad económica no avance al mismo ritmo. En el caso zamorano, casi la mitad de la mejora del PIB per cápita responde a la pérdida de población.
La situación no es exclusiva de esta provincia. Orense, Palencia, Lugo, León, Salamanca, Asturias, Cáceres, Jaén, Ávila, Soria, Cuenca y Teruel también han registrado aumentos del PIB por habitante vinculados, en distinta medida, al retroceso demográfico. En conjunto, estas 13 provincias han perdido población joven: entre 2002 y 2025, el número de residentes nacidos en España de entre 20 y 34 años cayó un 47%, frente al descenso del 38% de la media nacional.
El envejecimiento es especialmente acusado en Zamora y Orense. En 2026, las personas mayores de 65 años representan un tercio de sus respectivas poblaciones, frente a una media nacional muy inferior. En Lugo y León, este colectivo ronda el 30%. Esta composición demográfica reduce el peso relativo de la población en edad laboral y condiciona la capacidad de generar actividad económica y cotizaciones sociales.
El desequilibrio entre cotizaciones y pensiones
El impacto también se refleja en las cuentas de la Seguridad Social. El gasto en pensiones supera ampliamente los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales en buena parte de los territorios con una población más envejecida.
Según el estudio "¿Existen territorios sin prosperidad?" elaborado por el 'think tank' español Territorio y Prosperidad, en un total de 18 provincias los desembolsos duplican la recaudación por esta vía. El desequilibrio es especialmente acusado en León y Asturias, donde el gasto en pensiones contributivas alcanza alrededor de tres veces los ingresos por cotizaciones sociales. En Lugo, Ourense y Zamora supera los 2,50 euros por cada euro recaudado, mientras que Madrid registra una de las tasas más bajas del país (1,2 euros en pensiones por cada euro recaudado).
El fenómeno tiene una dimensión nacional. La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, equivalente al 0,4% del PIB, pese a que los ingresos por cotizaciones alcanzaron los 176.918 millones, un 6,9% más que el ejercicio anterior. El saldo negativo se redujo respecto a 2024, cuando ascendió a 9.834 millones de euros.
Los últimos datos disponibles de 2026 muestran que las cotizaciones siguen creciendo, aunque también lo hacen las prestaciones. Entre enero y septiembre, los ingresos por cuotas sociales alcanzaron los 142.004 millones de euros, un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el gasto en pensiones contributivas se situó en 137.719 millones, un 6% más.
La evolución responde tanto al aumento del número de pensionistas como a la revalorización de las prestaciones y al incremento de la pensión media. En los nueve primeros meses del año, el número de pensiones creció un 1,6% y la cuantía media aumentó un 4,6%.
La demografía condiciona el futuro económico
La pérdida de población joven constituye uno de los principales desafíos para las provincias afectadas. Menos trabajadores potenciales implican una base de cotizantes más reducida, mientras que el peso de las personas mayores eleva las necesidades de gasto en pensiones y otros servicios asociados al envejecimiento.
El problema no depende únicamente de la demografía. La capacidad de generar empleo, los salarios, la productividad y las bases de cotización también influyen en los ingresos de la Seguridad Social. Por ello, el PIB por habitante es un indicador aproximado de la capacidad recaudatoria de cada territorio, pero no permite medir por sí solo su situación económica.
La combinación de pérdida de residentes, menor población activa y envejecimiento plantea un reto que va más allá del sistema de las pensiones: mantener la actividad económica y el empleo en territorios que llevan años perdiendo población.
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