Cotizaciones sociales

A partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor la nueva cotización adicional de solidaridad regulada en el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta medida, de aplicación progresiva hasta 2045, afectará a los empleados por cuenta ajena con salarios más altos y a sus empresas, al introducir una cotización extra sobre el exceso salarial por encima de la base máxima de cotización. ¿Con qué objetivo? Según el Gobierno el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español a largo plazo. Sin embargo, estos trabajadores con salarios más altos no generarán apenas derecho a una pensión mayor, pese a pagar más impuestos al Estado.

El 40,2% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2023, frente a una 'cuña fiscal' media del 34,8% para el conjunto de la OCDE , según su informe 'Taxing Wages'. En el caso de una pareja de trabajadores con dos hijos, la cifra se mantiene en el 37,1%, frente al 29,5% de promedio del 'think tank' de las economías avanzadas. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas españolas supuso el 23,3% y un 4,9% abonadas por los trabajadores, frente a la media del 13,1% y el 8,4%, respectivamente, de la OCDE.

El último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) denuncia la pérdida de competitividad de la economía doméstica en materia fiscal y la elevada presión impositiva que sufren empresas y ciudadanos. Un ejemplo de ello es que España es el cuarto país desarrolladoscon la cuña fiscal más alta, ya que el IRPF y las cotizaciones sociales suponen casi un 60% del salario nominal de los asalariados sujetos al tipo máximo, frente al 47% de media en la UE y la OCDE. Solo Portugal, Reino Unido y Finlandia tienen una cifra superior.

Las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, cuya suma se conoce como cuña fiscal, representan el 39,3% del sueldo bruto de los trabajadores en España, casi cinco puntos más que en la media de la OCDE y por delante de países como Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Irlanda, EEUU, Japón o Canadá. El principal motivo de estas diferencias está en las elevadas cotizaciones que pagan las empresas españolas por sus empleados, lo que les resta competitividad, impacta de forma negativa en la generación de empleo y explica la elevada tasa de paro, según el Instituto de Estudios Económicos.

Los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social es una fuente de ingresos para las arcas públicas, aunque en Europa no todos los países logran recaudar la misma cantidad de dinero.Según los datos de Eurostat, Francia lidera la tabla con unos ingresos equivalentes al 48,4% del PIB, mientras qu

Un total de 13 CCAA no pueden sufragar el pago a los pensionistas con el dinero que ingresan por las cotizaciones sociales, entre las que se encuentran Cataluña, País Vasco, Asturias, Castilla y León o Galicia. Solo Madrid, Canarias, Baleares y Murcia tienen recursos propios suficientes como para sufragar las pensiones. El envejecimiento de la población es uno de los factores que explican este escenario.

El gasto en pensiones sigue siendo un gran problema para la Seguridad Social. La destrucción de 3,5 millones de empleos y la contracción de los salarios han mermado los ingresos y el Gobierno estudia alternativas para mantener la financiación. Los expertos hablan de subir tres puntos los tipos de cotización, lo que reportaría unos ingresos de 12.000 millones de euros para acabar con el agujero de las pensiones.

La crisis ha provocado en España algo que ni siquiera ocurrió en anteriores etapas de declive económico.