Barcelona compra Casa Orsola por 9,2 millones tras venderse por más de 5 millones en 2021

El Ayuntamiento de Barcelona se lo repiensa y orquesta una operación para pagar 4 millones más por la Casa Orsola. El Consistorio y Hábitat3 han adquirido la Casa Orsola por 9,2 millones de euros, casi el doble de los 5,4 millones que el fondo de inversión Lioness Inversiones pagó por el edificio en 2021. La operación, que pretende garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos actuales, ha generado críticas por parte de muchos actores del sector, incluso por parte del Sindicato de Inquilinas (máximos defensores de la causa), que considera que la administración pública ha actuado favoreciendo la especulación inmobiliaria en la ciudad. En 2021, el Consistorio barcelonés tuvo opción de comprar el inmueble mediante la fórmula de tanteo y retracto, pero la descartó.

Desde que Lioness Inversiones adquirió el inmueble, sus inquilinos han estado en lucha para evitar la expulsión y la conversión del edificio en apartamentos de alquiler turístico o de alto standing. La presión vecinal y mediática consiguió que el caso de la Casa Orsola se convirtiera en un símbolo de la crisis del alquiler en Barcelona. Finalmente, el Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat3 han cerrado un acuerdo con el propietario, Albert Ollé, asegurando que el edificio pase a ser de gestión pública.

Una compra con condiciones especiales

El Ayuntamiento ha destacado que esta adquisición se ha realizado a través de una fórmula "extraordinaria, innovadora y excepcional" en colaboración con la Fundación Hàbitat3. La Administración ha adquirido el 49% del edificio, mientras que la fundación ha comprado el 51% restante, lo que permite que la inversión municipal sea menor. La operación también se ha negociado por debajo del precio de mercado, según el equipo de gobierno local. 

El edificio, compuesto por 26 viviendas y cuatro locales comerciales en el Eixample, pasará a ser gestionado por Hàbitat3 con criterios de alquiler social. Se mantendrán los contratos vigentes y se ofrecerán alquileres asequibles en los pisos disponibles. En total, se pondrán a disposición nueve viviendas dentro del parque público: los dos pisos vacíos y los siete de alquiler de temporada cuando finalicen sus contratos.

Críticas a la operación

A pesar del argumento municipal, el precio de la transacción ha despertado suspicacias. Según el Sindicat de Llogateres, la compra se ha negociado “de espaldas a los inquilinos y al Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro”. En un comunicado, la organización denuncia que “el gobierno municipal pagará 9,2 millones de euros a Albert Ollé, rescatándole y premiándole después de años de intentar expulsar a los vecinos”.

El caso pone en evidencia una contradicción en las políticas municipales de vivienda. Mientras el Ayuntamiento promueve regulaciones para frenar la especulación y limitar el impacto de los grandes tenedores, acaba realizando una operación que beneficia a uno de ellos con una plusvalía millonaria en solo tres años. La compra de la Casa Orsola plantea el debate sobre si la Administración Pública debe participar en este tipo de transacciones o si, en cambio, debería centrarse en intervenir en el mercado con medidas que eviten este tipo de incrementos de precio.

Para los inquilinos del edificio, la compra supone un alivio a corto plazo, ya que podrán permanecer en sus hogares sin temor a ser desahuciados. Sin embargo, la estrategia municipal de adquirir vivienda a precios inflados puede sentar un precedente peligroso, incentivando a otros inversores a replicar la misma estrategia: comprar barato, presionar a los inquilinos y vender caro a la Administración. Una dinámica que, lejos de solucionar la crisis habitacional, podría agravarla en el futuro. 

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona han expresado su preocupación ante la compra de Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Hàbitat3. Consideran que la operación supone un precedente peligroso para la seguridad jurídica de los propietarios, al consolidar un modelo en el que la Administración cede ante la presión de determinadas organizaciones, desincentivando así la inversión en el mercado inmobiliario. Según ambas entidades, la compra de este edificio, que no presentaba casos de vulnerabilidad, transforma una propiedad privada en vivienda pública a través de una estrategia que cuestiona el derecho de los propietarios a gestionar sus inmuebles con normalidad.

Además, denuncian que el proceso de venta ha estado condicionado por un contexto de inseguridad jurídica y presión sobre la propiedad, dejando a los dueños sin otra alternativa que desprenderse del activo. Aseguran que este tipo de intervenciones contribuyen a desestabilizar el mercado del alquiler en Barcelona, generando incertidumbre entre los inversores y dificultando el acceso a la vivienda. Desde AIC y el Colegio API reclaman un marco normativo estable que garantice la seguridad jurídica y permita un equilibrio entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada.

Un modelo de gestión que premia la especulación

El modelo de adquisición de vivienda pública en Barcelona parece estar generando incentivos perversos. Si la Administración está dispuesta a pagar sobreprecios por inmuebles en conflicto, los propietarios pueden ver una oportunidad en la especulación: adquirir edificios con inquilinos vulnerables, presionar para su desalojo y venderlos posteriormente al Ayuntamiento con un margen de beneficio garantizado.

Este tipo de operaciones también afectan a los recursos públicos. En un contexto de crisis habitacional y presupuestos limitados, la compra de inmuebles a precios inflados (aunque insistan que es por debajo de mercado) reduce la capacidad de inversión en otros proyectos de vivienda social. “¿Cuántas viviendas podrían haberse construido con esos 9,2 millones? ¿Hasta qué punto es sostenible seguir adquiriendo inmuebles en estas condiciones?”, asegura un profesional del sector inmobiliario que prefiere mantenerse en el anonimato.