Junts ha roto las negociaciones con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para reformular la polémica normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. La formación independentista considera que “el PSC no tiene una propuesta clara” y ha retirado su apoyo a cualquier cambio en la norma vigente.
El grupo municipal se desmarca así del pacto que el gobierno de Collboni buscaba tejer para modificar una medida que el propio alcalde ha considerado “ineficiente” en varias ocasiones, y que apenas ha generado vivienda social desde su entrada en vigor en 2018.
Junts había abierto la puerta a suavizar la norma en algunos aspectos, como limitarla a zonas tensionadas o aumentar el umbral de superficie para aplicarla, pero finalmente ha decidido no seguir negociando. “A día de hoy no hay voluntad política clara del PSC para cambiar nada”, han asegurado fuentes del grupo a varios medios.
Por su parte, desde el Ayuntamiento insisten en que continúan trabajando para buscar una mayoría suficiente que permita reformar la norma antes del verano, pero la ruptura con Junts complica esa posibilidad. La normativa fue impulsada originalmente por los comunes durante el mandato de Ada Colau y ha sido una de las medidas más controvertidas del urbanismo barcelonés en los últimos años.
Según el propio consistorio, en seis años de aplicación la medida ha generado poco más de una veintena de viviendas protegidas, frente a las expectativas iniciales. El sector promotor y parte del ámbito político defienden una reformulación que incentive realmente la construcción de vivienda asequible, sin bloquear la actividad privada.
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