Barcelona busca flexibilizar la reserva del 30% y que sólo se aplique en fincas de más de 1.500 m2

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, está trabajando en una propuesta para flexibilizar la polémica medida que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. El objetivo, según el consistorio, es agilizar la construcción de pisos asequibles, una asignatura pendiente en la ciudad.

La normativa actual, implementada en 2018, ha generado un intenso debate en el sector inmobiliario, con promotores y agentes denunciando su impacto negativo en la viabilidad de los proyectos y su escasa efectividad en la creación de vivienda protegida. De hecho, en seis años, apenas se han generado 26 viviendas protegidas bajo esta medida.

Collboni busca ahora un consenso con Junts y ERC para modificar esta norma. La propuesta clave, surgida de un grupo de expertos liderado por Carme Trilla, apunta a permitir que el 30% de la vivienda protegida pueda construirse en solares diferentes a la finca original, incluso en otros barrios, o que sea un promotor social quien asuma su ejecución. Esta flexibilización se presenta como una vía para desbloquear proyectos y aumentar la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

Esta propuesta afecta principalmente a las grandes rehabilitaciones, en las cuales se diluye el impacto de la norma. Hasta ahora la obligatoriedad de aplicar la reserva del 30% a vivienda protegida afectaba a las rehabilitaciones que se hicieran en fincas de a partir de 600 m2. Con su modificación, Collboni propone aumentar el baremo de superficie mínima hasta los 1.500 m2, lo que reduciría el parque de vivienda que se podría ver afectado por la medida.

Desde el Ayuntamiento se defiende que es necesario "dar un salto de escala" en la producción de vivienda protegida, pasando de las aproximadamente 500 anuales actuales a 1.000. La administración municipal insiste en que la medida del 30% no ha sido efectiva y que es fundamental redefinirla para garantizar su éxito.

¿Qué implicaría esta modificación para el sector inmobiliario?

La posibilidad de edificar el porcentaje de vivienda protegida en otros emplazamientos o mediante promotores especializados podría ofrecer mayor seguridad jurídica y financiera a los desarrolladores, mitigando la reticencia actual a invertir en Barcelona. Esto podría revitalizar el mercado de promociones y grandes rehabilitaciones, que se ha visto afectado por la rigidez de la norma original.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos colectivos y formaciones políticas, como los Comuns, advierten que esta flexibilización podría concentrar la vivienda protegida en barrios periféricos, alejándola de las zonas céntricas donde la necesidad es más acuciante.

El debate sobre la vivienda asequible en Barcelona es complejo, y la flexibilización de la medida del 30% es un paso crucial en la búsqueda de soluciones. Se espera que, de aprobarse, esta reforma impulse la construcción y contribuya a paliar la actual crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.